
A pocos meses para el Mundial 2026 el Gobierno de Javier Milei pidió a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que evalúe las eventuales “faltas éticas” de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
La AFA respondió con un comunicado donde denunció un “ataque coordinado” de la Administración que lidera Milei por sus “ambiciones políticas”.
Ya el gobierno argentino tenía en macha un proceso judicial contra la AFA con diversas causas que investigan supuestas irregularidades.
“Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, reclamó a la Conmebol la senadora oficialista Patricia Bullrich, quien fue la encargada de elevar a la federación regional una presentación contra Tapia y Tobiggino detallando “presuntas violaciones al Código de Ética”, “a la política anticorrupción, antisoborno” y a “los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses en las contrataciones, uso adecuado de recursos y prevención del lavado de activos”.

La AFA defiende el modelo institucional de las asociaciones civiles y rechaza el ingreso de las sociedades anónimas deportivas, una iniciativa empujada por Milei.
En este momento tramitan al menos cuatro expedientes judiciales simultáneos que involucran a la máxima dirigencia del fútbol local. La semana pasada, la Justicia ordenó el registro a las instalaciones de la AFA y de 17 clubes, en una causa que investiga presunto lavado de dinero por medio de una entidad financiera, Sur Finanzas, y que se originó en una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente del Gobierno.
La DGI también presentó una denuncia penal contra los responsables de la AFA por la virtual apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social: el perjuicio fiscal superaría, según la acusación, los 7.500 millones de pesos (unos cinco millones de dólares). Otro expediente indaga las operaciones de clubes con la financiera Real Central y una cuarta causa investiga la propiedad de una fastuosa estancia en la localidad de Pilar (Buenos Aires), atribuida a testaferros de dirigentes de clubes.
T | Con información de El País

