El Gobierno de Javier Milei oficializó, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), un contrato con la empresa tecnológica Starlink, de Elon Musk, con el objetivo de llevar conectividad satelital a establecimientos educativos con servicio deficiente o nulo.
Sin embargo, el acuerdo, formalizado mediante las resoluciones 663/2026 (Boletín Oficial del 29/07) y 857/2026 (Boletín Oficial del 02/09), encendió las alarmas por la falta de transparencia, los plazos exprés y un esquema financiero que se perfila como un negocio redondo para la firma estadounidense y una pesada carga futura para las economías provinciales.
Intervenido por el Ejecutivo desde el inicio de la gestión de Milei, el Enacom maneja los recursos del Fondo del Servicio Universal (FSU) de forma discrecional.
La celeridad de la operación reflejó las irregularidades del proceso: Starlink presentó su «Carta de Intención» el 15 de julio y apenas ocho días después, el 23 de julio, el interventor Juan Martín Ozores firmó la Resolución 663/2026 sin realizar ninguna objeción.
Este trámite ultrarrápido omitió cualquier instancia de concurso público, licitación o compulsa de precios. Ante esto, el diputado Agustín Rossi presentó pedidos de informes para conocer los fundamentos de la medida y cuestionar por qué no se consideraron alternativas estatales como la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT).
El proyecto compromete un total de 21.876.000 de dólares del FSU. Bajo el esquema acordado, Starlink «donará» 9.978.000 dólares en equipamiento y dos años de servicio, mientras que el Estado aportará 11.898.000 dólares para cubrir la instalación, el soporte técnico y un tercer año de conectividad.
T/Telesur