Ericka Morian 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, que derogue el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. En su informe “Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador”, la CIDH pide restablecer los derechos suspendidos y adoptar medidas para combatir la criminalidad respetando los derechos humanos.
El régimen de excepción fue implementado en respuesta a un aumento significativo de la violencia de las pandillas, que resultó en 62 homicidios en un solo día en marzo de 2022, la jornada más violenta desde que Bukele asumió la presidencia en 2019. A pesar de las críticas, Bukele defiende la medida, afirmando que ha transformado a El Salvador de uno de los países más violentos del mundo a uno de los más seguros del continente.
Según datos oficiales, la tasa de homicidios en El Salvador pasó de 106,3 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 2,4 en 2023. Bukele proyecta una reducción a 1,8 homicidios por cada 100.000 habitantes para 2024. Sin embargo, la CIDH argumenta que no existe una situación de emergencia que justifique la suspensión continua de derechos, a pesar de reconocer los avances en seguridad ciudadana.
Andrés Guzmán Caballero, comisionado de la presidencia para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, defendió las acciones del Gobierno, afirmando que “El Salvador ha tomado decisiones responsables y bien fundamentadas para garantizar la continuidad de estos logros y mantener la paz en todo el territorio”. La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga más reciente del régimen de excepción el 8 de agosto, con 57 votos a favor de un total de 60, argumentando que la medida es necesaria para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.
El informe de la CIDH también destaca preocupaciones sobre ilegalidades y arbitrariedades en las detenciones, incluyendo la ausencia de flagrancia u orden judicial, y la falta de información a los detenidos sobre el motivo de su captura. A pesar de estas críticas, el Gobierno sostiene que las medidas han devuelto la tranquilidad a miles de familias que antes vivían bajo el asedio de las pandillas.
