
Este martes inició el primero de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales en España, en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.
La propuesta se cumplirá a pesar de que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad que ese paro carecía de base legal.
La huelga llega después de la concentración convocada el sábado pasado por las mismas asociaciones conservadoras frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos, que en su opinión amenazan la independencia judicial, refiere Deutsche Welle.
Los manifestantes consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal comprometen gravemente la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal.
Además, denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.

