Narkys Blanco 
Este viernes empezó en Argentina la primera audiencia del juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, están acusados de haber montado un sistema de blanqueo de dinero
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la unificación en un solo juicio oral de las causas Hotesur y Los Sauces, las cuales investigan presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a hoteles y propiedades de la familia Kirchner. Esta medida revirtió el esquema original del Tribunal Oral Federal N° 5, que planeaba juzgar ambos casos por separado, argumentando que realizarlos de forma conjunta permitirá una administración de justicia más eficiente.
El banquillo de los acusados sentará a 19 imputados, entre los que destacan la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo el diputado Máximo Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. El proceso contará con más de 300 testigos (lista que fue reducida por acuerdo de las partes para agilizar el debate) y tendrá audiencias presenciales tres días a la semana (lunes, viernes y sábados), extendiéndose incluso durante parte de la feria judicial de enero.
El tribunal autorizó a Cristina Fernández de Kirchner y a Máximo Kirchner a participar de manera virtual únicamente durante la primera audiencia, en la que se leerán la acusación y el auto de elevación a juicio. Esta decisión respondió a los plazos acotados generados por la reciente unificación, permitiendo a la expresidenta evitar el operativo de traslado desde su prisión domiciliaria y a su hijo atender sus funciones parlamentarias; no obstante, el resto de las audiencias serán estrictamente presenciales.
En la causa Los Sauces, se investiga a la sociedad inmobiliaria familiar por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y admisión de dádivas. La hipótesis principal señala que el 86% de la facturación de la firma provenía de contratos de alquiler y operaciones inmobiliarias pactadas con empresarios beneficiados con obra pública, destacando adquisiciones y arrendamientos de departamentos en Puerto Madero, terrenos en Río Gallegos y la compra sobrevaluada del hotel La Aldea del Chaltén.
Por su parte, el expediente Hotesur centra sus sospechas en el alquiler ficticio de plazas hoteleras del hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas a través de la gerenciadora Valle Mitre. La fiscalía sostiene que las empresas de Lázaro Báez abonaban por habitaciones y servicios sin ocupación real, funcionando como una vía para encubrir transferencias financieras hacia la familia presidencial.
La acusación en Hotesur también abarca una serie de movimientos de capitalización entre 2007 y 2008, tales como la venta de inmuebles a firmas de Báez por más de 15 millones de pesos, préstamos de Austral Construcciones y el Banco de Santa Cruz, y la reventa acelerada de terrenos municipales por millones de dólares. Todos estos fondos habrían permitido la adquisición de las acciones de Hotesur en 2008 mediante presuntos testaferros, firma en la que Cristina Kirchner mantuvo una participación activa en la toma de decisiones societarias y balances.
T/ABC
