Guatemala: transportistas exigen medidas urgentes ante alza de combustibles
Wanda Virginia Carrillo Díaz 
La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) demandó al Gobierno de Guatemala y al Congreso de la República la adopción inmediata de medidas estructurales frente al incremento desmedido en los precios de los carburantes.
Mediante una carta abierta dirigida al presidente Bernardo Arévalo y al titular del Legislativo, Luis Contreras, la organización advirtió que los costos operativos del sector se elevaron a casi un 100 por ciento, situando a los prestadores de servicio al borde del colapso financiero y afectando directamente el costo de la canasta básica.
El gremio denunció que el impacto del alza ininterrumpida del diésel que registra niveles récord en el país, se suma a los sobrecostos en repuestos, mantenimiento y al flagelo de las extorsiones. Frente a esta crisis sociolaboral, los transportistas criticaron la inacción estatal y la falta de consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo para implementar soluciones concretas que protejan el bolsillo de las mayorías trabajadoras.
Gretexpa urgió a ambos poderes del Estado a dejar de lado las disputas partidarias para revisar la estructura tributaria de los hidrocarburos y establecer subsidios focalizados destinados directamente a los usuarios del transporte y no a las empresas importadoras.
En paralelo al reclamo formal, sectores del transporte iniciaron acciones de protesta y bloqueos en vías estratégicas, como la ruta CA-9 Sur a la altura de San Vicente Pacaya, paralizando el tránsito de mercancías y pasajeros.
Aunque el Ejecutivo presentó ante el Parlamento una iniciativa de ley para aplicar un subsidio temporal a los combustibles, la propuesta permanece estancada por falta de acuerdos políticos en el Congreso.
Ante este panorama, los manifestantes enfatizaron que el costo de la parálisis institucional lo asume la población en los mercados y en las rutas de transporte, advirtiendo que la falta de respuestas tendrá un impacto directo en el descontento social y en el escenario político del país.
Por otra parte, en el mes de junio, Guatemala implementó un cambio obligatorio en la composición de sus combustibles. A partir del 30 de dicho mes, toda la gasolina regular y súper debe contar con un 10 por ciento de etanol, un aditivo elaborado a partir del procesamiento industrial de monocultivos como la caña de azúcar, reemplazando al aditivo MTBE, conocido por su alta toxicidad y solubilidad en agua.
Aunque el Gobierno oficialista promueve la medida mediante una narrativa ambientalista centrada en la reducción de emisiones y la mitigación del calentamiento global, diversos investigadores y organizaciones sociales advierten que la producción de etanol perpetúa severos daños ecológicos.
El cultivo extensivo de caña genera la contaminación de las fuentes hídricas, deforestación y quemas agrícolas recurrentes, trasladando el impacto ambiental del consumo de hidrocarburos hacia la fase de extracción industrial.
Asimismo, movimientos comunitarios señalan que esta política responde a compromisos alineados con los intereses de la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos, acordando la importación anual de millones de galones de etanol para abastecer cerca de la mitad de la demanda interna guatemalteca, estimada en 100 millones de galones al año.
De este modo, la estrategia planteada como una transición ecológica consolida el despojo de recursos hídricos en un país donde la caña de azúcar consume el 60 por ciento del agua, profundizando un modelo extractivista bajo el pretexto de la sustentabilidad.
T| TELESUR
