
Tras culminar el tercer ciclo de conversaciones entre representantes del Gobierno nacional y de la oposición, ambas partes comunicaron acuerdos sobre garantías políticas, libertad de expresión, revisión de instrumentos legales y recuperación económica.
El comunicado, publicado este miércoles, señala que durante el ciclo se realizaron seis jornadas de trabajo, dos plenarias y 15 reuniones en cuatro mesas técnicas. También se instaló una nueva mesa dedicada a las garantías políticas, económicas y sociales.
Entre los compromisos, las delegaciones acordaron continuar el trabajo sobre libertad de expresión, pluralidad de pensamiento y derecho a la información. Además, plantearon revisar las concesiones de uso del espectro radioeléctrico y avanzar en la simplificación de trámites, conforme a las normas vigentes.
Las partes también iniciarán una revisión de instrumentos legales relacionados con la convivencia democrática, la paz y el respeto. Entre las normas mencionadas figuran las leyes de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones; de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en particular lo relativo a las inhabilitaciones; la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, y la legislación contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo.
En materia de derechos políticos, acordaron establecer mecanismos para evaluar y atender situaciones que puedan afectar su ejercicio. Asimismo, comenzarán a discutir la creación de una defensoría de garantías políticas y participación ciudadana.
El documento también reconoce los avances de la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, que entrevistó a 127 aspirantes. En la próxima sesión de la Asamblea Nacional se prevé designar a los 12 integrantes del comité y publicar el cronograma para iniciar la revisión de credenciales.
En relación con los activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra, las delegaciones ratificaron la necesidad de recuperarlos y acordaron conformar una representación paritaria para gestionar el tema ante las instancias correspondientes. Los recursos se destinarían, según el comunicado, a atender a la población afectada por el doble terremoto y contribuir a la recuperación de los servicios públicos.
Finalmente, ambas partes afirmaron que unirán esfuerzos para impulsar la recuperación económica nacional y atender derechos sociales como la salud, la alimentación, la educación, los ingresos de los trabajadores y los servicios públicos. También acordaron hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos e informar sobre sus avances.



T|WANDA CARRILLO