Gobierno de Colombia y Clan del Golfo inician diálogos históricos para alcanzar la «paz total»
Ericka Morian 
En un hecho sin precedentes para Colombia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado un paso audaz al iniciar conversaciones formales con el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas del país. El jueves 22 de agosto, la Fiscalía General de la Nación anunció la suspensión de las órdenes de captura contra tres de los principales líderes del grupo armado, como parte de una estrategia para fomentar el diálogo y buscar una salida negociada al conflicto.
Un contexto de violencia y polarización
Colombia ha sufrido las consecuencias de un conflicto armado interno que se prolongó por más de medio siglo, dejando un saldo de millones de víctimas y profundas cicatrices en la sociedad. Con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, se abrió una ventana de esperanza para alcanzar una paz estable y duradera. Sin embargo, la persistencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo ha continuado generando violencia y criminalidad en diversas regiones del país.
El Clan del Golfo, surgido de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se ha consolidado como una poderosa organización criminal con presencia en gran parte del territorio nacional. Sus actividades ilícitas abarcan el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el homicidio, generando un clima de terror y socavando las instituciones estatales.
La «paz total» como eje de la política de Petro
El presidente Gustavo Petro ha planteado la «paz total» como uno de los pilares de su gobierno, buscando extender los diálogos de paz a todos los actores armados del conflicto. En este sentido, las conversaciones con el Clan del Golfo representan un desafío sin precedentes, dada la naturaleza criminal de este grupo y su resistencia a someterse a la justicia.
La suspensión de las órdenes de captura contra los líderes del Clan del Golfo ha sido interpretada como una señal clara de la voluntad del Gobierno de explorar todas las vías posibles para alcanzar la paz. Sin embargo, esta decisión ha generado controversia y ha sido criticada por algunos sectores de la sociedad, que consideran que se está premiando a criminales y que se está poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
