El Gobierno argentino postergó el debate de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados hasta abril, citando fragilidad en los votos y riesgo de judicialización por vicios constitucionales. La medida responde a la presión de la oposición y a la obligación de garantizar participación ciudadana previa, ante el intento de habilitar la explotación minera en zonas protegidas.

La decisión se anunció en el plenario de las comisiones de Ambiente y Asuntos Constitucionales, donde se fijaron dos jornadas de audiencias públicas para los días 25 y 26 de marzo. Esta postergación frena la rápida aprobación que el oficialismo buscaba en el Senado, con el objetivo de facilitar la explotación minera en áreas ecológicamente sensibles.

Sectores de la oposición señalan que la dilación responde a la falta de apoyo legislativo y a la alta probabilidad de que la ley sea impugnada legalmente. Grandes empresas mineras, que recientemente impulsaron la «Argentina Week» en Nueva York para «desbloquear la frontera minera», han exigido una normativa clara para iniciar la extracción de minerales críticos sin impedimentos legales.

El Estado argentino también enfrenta la exigencia del Acuerdo de Escazú, que obliga a asegurar instancias de participación ciudadana informada antes de aprobar este tipo de legislaciones, un requisito que el oficialismo pretendía obviar. A pesar de las audiencias, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz aclaró que las opiniones de los participantes no serán vinculantes para el dictamen final, previsto para la semana del 8 de abril.

T/Telesur