
La Fiscalía brasileña imputó al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y a 33 colaboradores por un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
El organismo presentó cargos «contra 34 personas acusadas de incitar y ejecutar actos contrarios a los Tres Poderes y al Estado Democrático de Derecho», reseñó en un comunicado este martes.
«La organización tenía como líderes al entonces presidente de la República (Jair Bolsonaro) y su candidato a vicepresidente (Walter Braga Netto)», también imputado, agregó.
Bolsonaro, de 69 años, fue acusado principalmente de «golpe de Estado», «tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho» y «organización criminal armada», según el mensaje de la Procuraduría General de la República (PGR).
De ser hallado culpable por estos delitos, se enfrentará a entre 12 y 40 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal.
«Las investigaciones revelaron la operación de ejecución de un golpe» en el que se contemplaba «incluso la muerte del presidente electo de la República (Luiz Inácio Lula da Silva) y su vicepresidente (Geraldo Alckmin), además de un juez» de la corte suprema, detalla la PGR.
Bolsonaro negó las acusaciones y se considera un «perseguido» por la justicia.
«Último intento» en 2023
Entre los imputados figuran también el exdirector de inteligencia Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Santos, el exministro de Justicia Anderson Torres y Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro, quien tiene un acuerdo de colaboración premiada.
La fiscalía sostiene que la trama golpista que pretendía revertir la derrota electoral de Bolsonaro frente a Lula no se consumó por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército.
Pero los acusados hicieron «un último intento» el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro atacaron las sedes de los poderes estatales en Brasilia, «incentivados» por el expresidente y sus colaboradores, dijo.
La imputación, basada en una investigación de la policía, queda ahora en manos de la corte suprema, que deberá decidir si juzga al exmandatario por estos hechos. T/Con información de AFP F/AFP

