Expertos proyectan que reactivación de pozos tradicionales acelerará la producción de crudo en 24 meses
Wanda Virginia Carrillo Díaz 
La reconstrucción y estabilización de la industria de hidrocarburos en Venezuela plantea un reto financiero de grandes proporciones.
De acuerdo con proyecciones y análisis de mercado difundidos por el portal económico Banca y Negocios, se estima que la recuperación integral del sector petrolero venezolano requerirá una inversión que supera los 100.000 millones de dólares.
El informe técnico revela que, ante la magnitud de los recursos necesarios, las estrategias de inversión deben priorizar la eficiencia operativa.
En este sentido, diversos analistas del sector energético coinciden en que el crecimiento más rentable y viable a corto plazo —en un horizonte temporal estimado entre 18 y 24 meses— no vendrá de nuevos desarrollos de gran envergadura, sino de la reactivación de la infraestructura existente.
El análisis concluye que los campos maduros ubicados en el Lago de Maracaibo representan la opción más atractiva y con retornos más rápidos para incrementar la producción nacional.
La optimización de estas áreas tradicionales permitiría aprovechar las ventajas logísticas y de conocimiento técnico acumulado para dinamizar la generación de flujo de caja en el menor tiempo posible.
Especialistas en materia de hidrocarburos explican que el occidente venezolano posee una base técnica crítica de entre 7.000 y 10.000 pozos petroleros que son susceptibles y elegibles para una reactivación directa, lo que reduce sustancialmente los costos de entrada y acelera el retorno de la inversión.
Actualmente, la producción en la región zuliana promedia entre 350.000 y 370.000 barriles diarios de crudo liviano y mediano.
La meta estimada por operadores y consultoras privadas del sector apunta a que la optimización y reingeniería de estos campos tradicionales podría elevar la producción regional a un rango de entre 800.000 y 1 millón de barriles diarios en los próximos cinco años.
El análisis macroeconómico concluye que para viabilizar la entrada de esos capitales —provenientes de corporaciones internacionales dispuestas a operar bajo esquemas de asistencia técnica o acuerdos conjuntos— el país requiere consolidar marcos de estabilidad institucional, seguridad jurídica y garantías sólidas para la protección de los derechos de propiedad y las inversiones privadas a largo plazo.
T|EL UNIVERSAL
