Evo Morales tacha de “narco” al ministro del Gobierno de Bolivia que lo acusó de “jefe de un cartel”
María Fernanda Pérez 
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, vinculó al ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, con el narcotráfico, después de que esa autoridad acusara al exmandatario de ser «jefe de un cartel» que opera desde el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical en el centro del país.
Morales dijo a los medios en el Trópico de Cochabamba que «hay que cambiar» de nombre «al ministro de Gobierno» y que «en vez de Marco Antonio Oviedo, debería llamarse Narco Antonio Oviedo».
«Si fuera yo jefe del cartel del Chapare (el Trópico de Cochabamba), él (Oviedo) tendría que ser mi empleado. Y saben por qué digo eso», ironizó Morales sin dar mayores detalles.
La semana pasada, el también líder cocalero sostuvo que Oviedo «está perseguido por narco por el ‘imperio’» y cuestionó por qué ese ministro no viaja a Estados Unidos.
La acusación de Oviedo contra Evo Morales
En una entrevista con la radio local Erbol, el ministro de Gobierno sostuvo este miércoles que Morales es el «jefe de un cartel» y le acusó de liderar «toda la producción» de droga que sale del Trópico de Cochabamba, que también es una de las principales zonas productoras de hoja de coca en Bolivia.
Según Oviedo, esto permitió a Morales «financiar» las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, con los que sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al exgobernante exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
«¿Quién mandó a hacer los bloqueos?, ¿Quién mandaba el dinero desde el Trópico? En el Trópico no se mueve ni una mosca si no lo ordena Evo Morales», sostuvo Oviedo.
Ese conflicto dejó dieciséis personas fallecidas, la mayoría por falta de atención médica como consecuencia de los cortes de rutas, y pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.
En medio del conflicto, Morales dijo públicamente que a Paz le quedaban «dos caminos», «militarizar» el país o llamar a elecciones en noventa días «para evitar conflictos con muertos y heridos».
Los cargos contra Morales
La Fiscalía abrió una investigación penal contra el exmandatario por alzamiento armado y terrorismo, acusado de liderar las protestas y bloqueos contra el Gobierno, y actualmente hay una orden de captura en su contra dentro de esa causa.
A esto se suma una orden de detención previa contra Morales, dentro de una investigación por el delito de trata agravada de personas, en la que se le acusa de presuntamente mantener una relación con una menor de edad cuando ejercía la presidencia y con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016.
Por esa denuncia, Morales no ha salido del Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024 y sus seguidores permanecen en una vigilia constante en esa zona para evitar que lo capturen.
Evo Morales rechaza proceso por muertes de extranjeros
Por otro lado, Morales sostuvo a los medios que no comparecerá en el eventual juicio de responsabilidades que promueve en su contra la fuerza opositora Libre, por las muertes y encarcelamientos de extranjeros a los que el político acusó de terrorismo durante su gobierno en 2009.
«Yo no me voy a presentar, no tengo por qué presentarme (…) Ante la injusticia, me rebelo, no hay debido proceso, no hay estado de derecho», dijo.
Los legisladores de Libre, la fuerza del expresidente Jorge Quiroga, presentaron en octubre a la Fiscalía una acusación con la que se busca iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales y quien fue su vicepresidente, Álvaro García Linera, para que respondan por «ejecuciones sumarias» y posteriores «detenciones ilegales» y «torturas» por el llamado caso ‘terrorismo’.
La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el inicio de la investigación dentro de este proceso e informó que, al cabo de un plazo de 30 días, la Fiscalía deberá dictar «la resolución conclusiva que corresponda en esta etapa».
El caso ‘terrorismo’ ocurrió en abril de 2009, cuando en una operación policial en un hotel en la ciudad oriental de Santa Cruz murieron tres extranjeros, entre ellos el irlandés Michael Dwyer, y fueron detenidos el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó.
A todos los acusó el Gobierno de Morales de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de Santa Cruz y atentar contra el entonces presidente, quien ratificó este miércoles esa sindicación.
«Si tienen que procesarme por defender la unidad del territorio nacional, bienvenido», afirmó el también líder cocalero y consideró que no se está cumpliendo «con los procedimientos» para enjuiciarlo.
Todos los acusados terminaron absueltos
En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, a Tadic y Tóásó los condenaron a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines separatistas.
Tras cumplir su condena, ambos abandonaron Bolivia alegando que temían por su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad.
Las 39 personas procesadas en este caso denunciaron que el entonces Gobierno de Morales lo inició por motivos políticos para acallar a líderes opositores de Santa Cruz.
El caso se cerró en 2020 con la absolución de todos los acusados que seguían procesados, después del retiro de acusaciones por parte de la Fiscalía y del entonces Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), detractor de Morales.
En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a petición de la madre de Dwyer, emitió un informe que concluyó que «el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial» en perjuicio de los afectados.
T| EFE
