
El Gobierno de España exigió formalmente a siete plataformas turísticas multinacionales que retiren 138 anuncios de alojamientos vacacionales ubicados en territorios de Palestina ocupados por Israel, al considerarlos publicidad ilícita bajo la legislación nacional vigente.
La medida fue anunciada este martes por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras una investigación que identificó los anuncios en plataformas que operan en el país.
El comunicado oficial precisó que los anuncios corresponden a alojamientos situados en más de 200 códigos postales vinculados a asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, según figuran en el Boletín Oficial del Estado.
El ministerio envió un primer requerimiento a las empresas para que procedan de inmediato a la retirada o bloqueo de esos contenidos en el ámbito español.
“Esta publicidad se considera ilícita, según el artículo 4 del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, aprobado en septiembre”, señala el comunicado.
La norma establece que la comercialización de bienes y servicios originarios o prestados en asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado constituye una infracción legal.
El ministerio justifica la iniciativa con base en la opinión consultiva emitida el 19 de julio de 2024 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que establece que los Estados tienen la obligación de “tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado”.
“Estos alojamientos contribuyen a la normalización y perpetuación de un régimen colonial considerado ilegal bajo el derecho internacional”, explicó la cartera. La acción se enmarca dentro de las medidas adoptadas por España para alinearse con el derecho internacional humanitario y respaldar los derechos del pueblo palestino.
De no cumplirse con el requerimiento, las empresas podrían enfrentar medidas de represalia por parte del Ministerio, aunque no se especificaron detalles sobre la naturaleza de dichas sanciones. Organizaciones como Amnistía Internacional y otras ONG han denunciado públicamente a varias plataformas por ofertar este tipo de alojamientos, al considerar que su actividad facilita la consolidación de asentamientos ilegales.
El requerimiento se aplicará únicamente a los contenidos accesibles desde España, en cumplimiento del marco legal nacional.
T/Telesur

