Ecuador: comunidades Kichwa y Waorani denuncian minería ilegal y daños ambientales
Wanda Virginia Carrillo Díaz 
Organizaciones indígenas de la Amazonía ecuatoriana de las las tierras ancestrales de Kichwa y Waorani de Pastaza denunciaron públicamente la presencia de minería de oro con impactos ambientales en sus territorios ancestrales, tras un monitoreo territorial realizado por sus organizaciones representativas Pakkiru y Owap.
La inspección, efectuada el 15 de abril de 2026 por las guardias comunitarias “Tayak Runakuna” y “Nee Wanonani Meñebai”, permitió identificar un área de explotación minera de aproximadamente una hectárea, donde se evidenció actividad extractiva con maquinaria pesada. En el sitio se localizaron cinco piscinas contaminantes con presencia de metales pesados como mercurio, además de vertidos de diésel provenientes de retroexcavadoras y bombas de succión.
Según los informes comunitarios, las piscinas de sedimentación —con agua color café claro y manchas de aceite— estaban ubicadas a menos de 10 metros del cauce principal del río Añanguyaku, lo que ha generado contaminación directa de fuentes hídricas, deforestación del bosque nativo y alteración del hábitat de especies como el jaguar y el oso hormiguero.
La denuncia también apunta a irregularidades en la concesión minera “Anaeliza” (código 20000469), otorgada en 2024. Las organizaciones sostienen que este título fue entregado sin respetar el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada.
Documentos citados indican que la autoridad reguladora recomendó presentar una declaración de no afectación o acuerdos con comunidades indígenas; sin embargo, el proceso habría sido eludido mediante una declaración juramentada, sin considerar la realidad territorial de las nacionalidades.
Ante estos hechos, los consejos de gobierno de Pakkiru y Owap emitieron un pliego de exigencias. Al Ministerio de Ambiente y Energía solicitaron la suspensión inmediata de las actividades y la revocatoria definitiva de la concesión. A la titular del proyecto exigieron el retiro inmediato de la maquinaria, mientras que a la Gobernación de Pastaza pidieron establecer controles efectivos sobre concesiones mineras presuntamente ilegales.
Las comunidades advirtieron que, de no cumplirse estas disposiciones, procederán conforme a la Constitución mediante la aplicación de la justicia indígena. En su pronunciamiento conjunto afirmaron: “Nuestros derechos no son negociables. Nuestros territorios no son zonas de sacrificio”, e hicieron un llamado a la vigilancia nacional e internacional.
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