
Un grupo abogados panameños alertaron sobre excesos cometidos por agentes del orden durante la represión a las protestas contra la Ley 462 en la provincia de Bocas del Toro, la cual permanece bajo un régimen de emergencia que limita derechos y libertades fundamentales.
Las protestas comenzaron el pasado 14 de junio, cuando se puso en marcha la denominada Operación Omega, que desplegó a más de 1.300 agentes de seguridad con el objetivo de reprimir las manifestaciones se han registrado detenciones sin orden judicial y múltiples violaciones a los derechos humanos.
Advierten que se desconoce la localización precisa de los arrestados, trasladados a por lo menos tres provincias fuera de Bocas del Toro, lo que dificulta su acceso a representación legal.
Esta semana el Consejo de Gabinete decidió restablecer la aplicación del artículo 23 de la Constitución, que había sido suspendido para el resto del tiempo que dure el estado de sitio, refiere Telesur.
Los abogados denunciantes aseguran que el Ministerio de Seguridad no ha ofrecido una explicación oficial con relación a las personas que permanecen arrestadas junto a delincuentes comunes, pese a que muchos no han recibido medidas cautelares.

