Denuncian que el Gobierno panameño viola derechos sindicales
Wanda Virginia Carrillo Díaz 
El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) de Panamá, Marco Andrade, denunció hoy atropellos contra esos colectivos obreros.
En conferencia de prensa desde la sede de Conusi, Andrade explicó detalles del allanamiento la víspera a su vivienda por parte de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, bajo falsos cargos, acción catalogada como parte de una política de persecución a dirigentes sindicales opuestos a las políticas públicas de la administración de José Raúl Mulino.
Andrade precisó que este año la Organización Internacional del Trabajo evaluará nuevamente la propuesta de la Confederación Sindical de las Américas de incluir a Panamá en sus diferentes listados como una de las 24 naciones violadoras de los derechos humanos y sindicales.
En ese sentido acusó a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, de querer acallar las voces que adversan al Ejecutivo y ser la promotora de toda las políticas represivas, que intentan incluso disolver al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares.
El líder sindical enumeró varios temas que, según dijo, forman parte de las luchas que mantiene el movimiento obrero, entre ellos el rechazo a la reapertura de la mina de cobre de Donoso (Colón), pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2023, que catalogó como inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y la subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum.
“Ante la persecución contra los que luchan y defienden a un pueblo sufrido que clama por agua potable, empleo, alimentos a bajo costo, por un país donde haya democracia y libertad sindical, vamos a seguir en la lucha. No nos van a detener”, remarcó Andrade.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el allanamiento ni sobre las declaraciones del líder obrero, en medio de un clima de tensiones entre sectores del movimiento popular y el Gobierno, signado por protestas, denuncias de persecución y debates sobre políticas económicas, laborales y sociales.
T|PRENSA LATINA
