
Desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lideró una reunión de trabajo con el equipo económico del país para formalizar la instalación de la Comisión de Evaluación de Activos Públicos.
Esta instancia surge con el mandato de garantizar una gestión eficiente, transparente y expedita de los recursos del país.
En el encuentro participaron integrantes del gabinete ministerial y el sector productivo, tales como: Calixto Ortega, vicepresidente Sectorial de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, ministra del Poder Popular para las Finanzas, Luís Villegas, ministro del Poder Popular para Industria y Economía Productiva, Aranny Seijo, procuradora general de la República, Luigi Pisella, representante del sector industrial, y Ángel Prado, ministro de Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales y Agricultura Urbana.
En este sentido, es relevante resaltar que la Comisión tiene como tarea fundamental clasificar y determinar el plan estratégico de los bienes e industrias del Estado venezolano, para proteger las áreas esenciales de la economía y promover un modelo de desarrollo sostenible.
En esta primera etapa, la comisión se enfocará en visualizar y categorizar los bienes y activos estatales. «Aquí estamos abordando una primera etapa para poder visualizar las 4 categorías de los bienes y activos del Estado venezolano», informó la Jefa de Estado Encargada.
La primera categoría comprenderá los bienes y activos estratégicos que permanecerán bajo el control directo del Estado. La segunda categoría se centrará en las alianzas público-privadas, donde el Estado mantiene la propiedad pero busca capital, tecnología y eficiencia, mediante acuerdos para optimizar los procesos productivos.
La tercera categoría abordará la oferta de bienes que no son esenciales para los procesos estratégicos del Estado, sugiriendo su posible desincorporación. Finalmente, la cuarta categoría, denominada por Rodríguez como «liquidación y aprovechamiento», se destinará a activos que, si bien forman parte del patrimonio estatal, se encuentran en estados críticos y no son aprovechables bajo su forma actual.
La comisión determinará la naturaleza estratégica o no de estos bienes, servicios y activos, sentando las bases para futuras acciones. Una vez completada esta fase de categorización, se prevé activar una segunda etapa, de carácter más ejecutivo.
Esta segunda fase, de ser necesaria, «es un proceso más ejecutivo, donde el sistema de justicia en Venezuela, la procuraduría cuida ya los procesos legales para la categorización y definición de las mismas», detalló la Presidenta Encargada.
El objetivo general sigue siendo apuntar hacia la productividad de Venezuela y fortalecer al Estado para atender los aspectos estratégicos de la vida nacional, rindiendo cuentas al país sobre los avances.
T|PRENSA PRESIDENCIAL

