El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció recientemente la cancelación definitiva de las conversaciones con dos disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) —el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB)—, así como con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
La medida se formalizó mediante la revocatoria de los nombramientos de representantes del Gobierno y del reconocimiento de los delegados de estas tres organizaciones armadas, argumentando que no existe en ellas una «voluntad real ni verificable de paz», de reinserción a la vida civil o de sometimiento a la justicia, lo cual significa una ruptura con la política de su predecesor, Gustavo Petro, de promover el diálogo, el tratamiento a las víctimas de violencia y la solución negociada para la paz y la reconciliación nacional.
Durante una alocución, el mandatario criticó el desarrollo de la política de paz total impulsada por la Administración de Gustavo Petro, calificando las negociaciones previas como una supuesta claudicación del ejercicio de la soberanía en favor del narcoterrorismo.
De la Espriella afirmó que no permitirá que las mesas de diálogo se conviertan en refugio para la impunidad ni para estructuras que persisten en la violencia sin ofrecer contraprestaciones reales, señalando además que quienes continúen en el crimen enfrentarán la capacidad legítima de la Fuerza Pública.
La estrategia de seguridad del actual Gobierno colombiano prioriza el poderío militar por encima del diálogo con los grupos armados, marco en el cual el Ejecutivo reportó recientes operaciones contra supuestas disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare.
Dichas operaciones de la Fuerza Pública han dejado balances de 10 muertos, entre ellos tres menores de edad según confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal, el cual reportó además cuatrocuerpos femeninos y cinco masculinos. Indicaron que un cuerpo continúa en abordaje forense debido al estado en el que se encuentra.
La terminación de las mesas de diálogo coincide con los reclamos de antiguos integrantes de las FARC-EP, quienes solicitaron recientemente al nuevo Gobierno definiciones precisas sobre las garantías presupuestales, institucionales y de seguridad para dar cumplimiento al Acuerdo Final de Paz de 2016.
T| TELESUR