Cristina Kirchner pide a la ONU suspender su inhabilitación política perpetua
Narkys Blanco 
La defensa de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner presentó este martes una adenda formal ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitando la suspensión inmediata de la prohibición perpetua que le impide ejercer cargos públicos y, de manera alternativa, de su condena a seis años de prisión.
El planteo incorpora nuevos hechos y elementos probatorios con el objetivo de revertir la sanción judicial mientras se analiza el fondo del reclamo internacional.
Entre los puntos centrales denunciados en el escrito, los abogados señalaron diversas situaciones que consideran actos de intimidación y hostigamiento en contra de la exmandataria. El documento menciona declaraciones públicas de magistrados que intervinieron en la causa Vialidad, medidas restrictivas sobre sus bienes patrimoniales y publicaciones del presidente Javier Milei en redes sociales dirigidas a su persona.
Asimismo, la presentación judicial cuestiona el avance sobre el departamento ubicado en la calle San José 1111, inmueble donde Cristina Kirchner cumple actualmente su prisión domiciliaria. Para la defensa, este conjunto de circunstancias vulnera las garantías procesales y afecta de manera directa el derecho legítimo a presentar reclamos y defensas ante los organismos internacionales de protección de derechos humanos.
En el plano probatorio, los letrados incorporaron nueva documentación oficial vinculada al destino de los fondos de la llamada Fuente 14 y el fideicomiso vial SISVIAL, elementos que en el juicio original habían sido rechazados. La inclusión de planillas oficiales, aportadas en agosto de 2026 por un funcionario auditor en el marco de la causa Cuadernos, permitió a la defensa encargar una pericia contable independiente.
Los resultados de dicho informe técnico sostienen que, de las 51 obras investigadas en la causa Vialidad, solo 17 recibieron fondos de la Fuente 14, y de un total de 3.855 certificados abonados con esos recursos, apenas 36 correspondieron a esas construcciones. Además, el análisis detalla que, sobre un total aproximado de 2.200 millones de dólares desembolsados, el Grupo Austral percibió 18,66 millones, lo que equivale al 0,85 por ciento, datos con los que la defensa busca desarticular las premisas fundamentales de la condena.
Finalmente, la adenda cuestiona la difusión mediática de material audiovisual del allanamiento realizado en 2018 al domicilio de la dirigente en Recoleta, calificándolo como una violación a la privacidad. Todo este entramado judicial y legal adquiere un fuerte peso político de cara a las elecciones presidenciales de 2027, luego de que Máximo Kirchner confirmara que su madre mantiene la voluntad de postularse si logra recuperar sus derechos políticos plenos mediante una resolución favorable del organismo de la ONU.
T/Telesur
