El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica instó este martes al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves por presunta «beligerancia política», dos semanas después de que el mandatario superara un pedido similar de la Corte Suprema.

Juan Luis Rivera, coordinador del Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo de Elecciones, explicó a RFI (medio español) las incertidumbres que rodean el proceso, así como las posibles consecuencias jurídicas y políticas.

El TSE había prohibido el 27 de junio a Chaves intervenir en la campaña de los comicios de febrero de 2026 —en los que no puede aspirar a la reelección—, al determinar que «aprovechó ilegítimamente» su cargo para «favorecer un programa político».

La Constitución y el Código Electoral prohíben al presidente y a otros altos funcionarios participar en actividades políticas o electorales y usar sus cargos en beneficio de un partido.

El procedimiento por «beligerancia política y participación política prohibida del presidente» puede culminar con la destitución del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un plazo de entre dos y cuatro años, según el TSE.

Hace dos semanas, el 22 de septiembre, el Congreso de Costa Rica rechazó la solicitud de la Corte Suprema de quitarle la inmunidad a Chaves para que fuese juzgado por presunta corrupción, en la primera vez que un mandatario de este país con tradición democrática enfrentaba un pedido de desafuero.

Según un comunicado del TSE, el pedido para «el levantamiento de la inmunidad» fue tomado por denuncias presentadas por dirigentes políticos y legisladores opositores. Sin embargo, este martes el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica instó al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves bajo el argumento, nuevamente, de «beligerancia política».

T/RFI.es