
La congresista demócrata Ilhan Omar denunció este lunes en un mensaje X, que el allanamiento de su residencia en Washington por parte de agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, constituye un intento de atacar a enemigos políticos, usar a las fuerzas del orden federales como arma y escalar su campaña de intimidación política.
«Estoy bien. Que no haya error: esto es un intento de atacar a enemigos políticos y de utilizar a las fuerzas del orden federales como arma. Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esto es solo la última escalada en su campaña de intimidación política», escribió.
La intervención federal, llevada a cabo el pasado jueves en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, forma parte de una investigación penal en curso relacionada con presunto fraude migratorio y documentación tramitada por su padre cuando era niña.
Es un proceso que el zar froterizo Tom Homan había adelantado a mediados de septiembre y en el que un fiscal federal indicó que el plazo de prescripción podría influir en acusaciones sobre su matrimonio en 2009.
Tras el allanamiento, la Oficina de la Congresista Omar enfatizó que «esta redada por parte del DHS de Trump es un abuso de poder escandaloso». Agregaron que «ahora, esos ataques han escalado a una redada federal sin sentido. La Congresista no ha hecho nada malo. Ningún presidente debería poder usar el poder del gobierno federal para intimidar a sus enemigos políticos» aseguran.
Perfil de la congresista
Ilhan Omar, quien representa desde 2019 el quinto distrito congresional de Minnesota, es una figura del ala izquierdista del Partido Demócrata y la primera mujer musulmana y de origen somalí en llegar a la Cámara de Representantes.
Omar se convertido en un blanco recurrente de la retórica del presidente republicano. Frente a estos ataques verbales y episodios de agresión física motivados por sus posturas progresistas, defensores de los derechos civiles han cuestionado de forma reiterada los señalamientos dirigidos hacia ella y la comunidad somalí-estadounidense.
Detalles del operativo
El operativo llevado a cabo por las autoridades federales en su residencia ocurrió en un contexto de escrutinio sobre las finanzas de la legisladora, cuyas declaraciones de bienes mostraron que los activos compartidos con su esposo pasaron de una estimación de entre 6 y 30 millones de dólares en 2024 a un máximo de 125.000 dólares en 2025.
Esta variación de cerca de 29.9 millones de dólares, sumada a las deudas por préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito que ambos sostienen, sugiere un posible patrimonio neto negativo sobre el cual no ha emitido aclaraciones públicas.
T/Telesur

