Condena de 6 Años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner
Ivanov Guedez 
La Cámara Federal de Casación de Argentina ha confirmado la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, líder de la oposición al actual presidente Javier Milei. Este fallo, correspondiente a la segunda instancia, deja a la exmandataria con la única opción de apelar ante la Corte Suprema de Justicia, en un intento por revertir una sentencia que complica su futuro político.
Fernández de Kirchner, al conocer la decisión, reiteró que el proceso judicial busca proscribirla para evitar su regreso a cargos públicos, calificando el juicio como parte de una persecución política similar a la sufrida por otros líderes latinoamericanos. «No fui ni seré nunca mascota del poder», aseguró, denunciando el juicio como un «zafarrancho» del «partido judicial».
La condena solo se hará efectiva si es ratificada por la Corte Suprema, lo que podría tardar años. Mientras tanto, Fernández de Kirchner podría postularse para las elecciones legislativas de 2025 y, en caso de ser detenida, cumpliría prisión domiciliaria por su edad.
El fallo llega en un momento de alta expectación política, ya que la expresidenta ha retomado un papel prominente en la política nacional como presidenta del Partido Justicialista. La causa «Vialidad», que originó este proceso, acusó a Fernández de Kirchner de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, aunque fue absuelta del cargo de asociación ilícita.
El juicio, que se extendió por tres años y medio, involucró a 13 imputados y generó gran polarización en Argentina. La expresidenta ha sostenido que el juicio es parte de una campaña de «lawfare» en su contra, destinada a impedir su participación política.
A lo largo del proceso, la figura de Fernández de Kirchner ha polarizado a la sociedad argentina, con manifestaciones de apoyo y rechazo. El juicio también se vio envuelto en controversias, como la revelación de vínculos entre jueces y figuras opositoras, y un intento de atentado contra la entonces vicepresidenta, que ella atribuyó a la campaña de odio de sus detractores.
Este caso marca un hito en la historia política de Argentina, siendo la primera vez que una figura de tan alto perfil es condenada mientras aún ocupa un cargo público. La situación sigue generando debate sobre la independencia del poder judicial y el impacto de la polarización política en el país. (RT)
