El Gobierno de Colombia y el grupo armado Comuneros del Sur, una disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), han firmado un acuerdo de cese al fuego por seis meses, con el objetivo de reducir la violencia y proteger a las comunidades en el departamento de Nariño, en el suroeste del país.

Antonio Rosa, representante de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), destacó que este cese al fuego busca avanzar hacia el fin del conflicto armado y salvaguardar la vida en todas sus formas. El acuerdo incluye la creación de un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que operará en diez municipios históricamente afectados por la violencia.

Además, se establecerá un distrito minero especial para promover la diversificación productiva y la sustitución de cultivos ilícitos, así como un programa de desminado humanitario en las áreas donde se concentren los combatientes. Las negociaciones comenzaron el 19 de julio de 2024 en Pasto, y un mes después se firmó una hoja de ruta que prioriza el desescalamiento del conflicto y la transformación regional.

A pesar de que los Comuneros del Sur representan uno de los grupos más pequeños en términos de efectivos armados dentro del marco de «Paz Total», este acuerdo genera expectativas positivas para el Gobierno. Sin embargo, se produce en un contexto tenso con el ELN, cuya negociación se encuentra actualmente suspendida. Este grupo ha acusado al Gobierno de incumplir acuerdos previos y de buscar una paz fragmentada basada en acuerdos territoriales.