Colectivos y campesinos critican al Gobierno colombiano por retomar fumigaciones con el glifosato

Colectivos sociales, organizaciones campesinas y expertos en desarrollo rural expresaron su firme rechazo a la decisión del Gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella de derogar la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato sobre cultivos ilícitos siendo un un agente químico de alta toxicidad.

Los sectores populares advirtieron que retomar esta medida represiva no destruye las estructuras del narcotráfico, sino que descarga la violencia del Estado sobre las familias campesinas que dependen de la agricultura de subsistencia, atacando de manera punitiva al eslabón más vulnerable de la cadena productiva del narcotráfico.

La controversia escaló tras la publicación de la Resolución 0006 del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), medida promovida por el Ejecutivo que busca restablecer la aspersión química.

Productores agrícolas y analistas recalcaron que esta práctica resulta profundamente contraproducente, pues además de destruir cultivos legales y envenenar fuentes de agua esenciales para las comunidades rurales, profundiza la exclusión histórica del campo en lugar de ofrecer alternativas económicas viables para el campesinado.

Dirigentes campesinos y parlamentarios del Pacto Histórico enfatizaron que la erradicación forzada y la fumigación química no afectan a las grandes mafias que controlan el procesamiento, las rutas de exportación y el lavado de dinero del negocio de la droga.

Por el contrario, los pequeños productores exigieron la reactivación y profundización de las políticas de sustitución voluntaria, respaldadas con inversión social, infraestructura vial, titularización de tierras y acceso directo a mercados comerciales para la producción agrícola legal.

Aunque el Ejecutivo busca acelerar las operaciones, el despliegue del glifosato continúa frenado por las condiciones impuestas por la Corte Constitucional. El alto tribunal exige evaluaciones independientes en materia ambiental y sanitaria, así como la realización de procesos de consulta previa con comunidades étnicas y campesinas.

Los colectivos sociales ratificaron que se mantendrán en movilización para defender la soberanía alimentaria, la salud comunitaria y los derechos de las poblaciones rurales frente al retorno de las fumigaciones.

En ese sentido también las organizaciones campesinas Colombia se declararon en estado de alerta ante la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de derogar los decretos que establecían las áreas de protección para la producción agrícola y de alimentos.

Dirigentes rurales señalaron que estos mecanismos resultaban fundamentales para que las comunidades se afianzaran en el territorio, avanzaran hacia la autonomía productiva y garantizaran la soberanía alimentaria. Las plataformas agrarias advirtieron que los logros alcanzados en materia de adjudicación y titulación de tierras en el período anterior han quedado en la incertidumbre jurídica.

Analistas y voceros del sector agrario denunciaron que la eliminación de estas áreas fértiles diseñadas para resguardar al pequeño productor ante el despojo impulsado por megaproyectos mineros, desarrollos inmobiliarios y grandes terratenientes responde a directrices promovidas desde Washington que buscan desmantelar la independencia agrícola en Latinoamérica.

Asimismo, criticaron la visión corporativa del Ejecutivo entrante, al que acusan de favorecer los intereses de los grandes latifundistas en detrimento de la propiedad campesina.

T| TELESUR