La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ordenó investigar la represión orquestada por el Ministerio de Seguridad el año pasado, bajo la gestión de Patricia Bullrich, que resultó en lesiones graves contra un jubilado de 75 años. El tribunal revirtió el archivo de la causa y advirtió sobre procesos de deshumanización frente a la protesta social.
Los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma determinaron que debe sustanciarse la denuncia por el ataque sufrido por Egidio Contreras el pasado 22 de octubre. Durante la movilización, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) arrojaron al suelo al manifestante, quien portaba una bandera y una pancarta, provocándole una fractura de húmero izquierdo.
Los hechos quedaron registrados por distintos canales de televisión, que mostraron cómo la PFA arremetía contra un grupo de jubilados que circulaba por Hipólito Yrigoyen hacia la avenida Entre Río, en Buenos Aires.
El fallo de Casación cuestiona las decisiones previas de la jueza María Servini y de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que desestimaron el caso argumentando una supuesta «actuación funcional» de los agentes. La nueva resolución apartó a los magistrados Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia por convalidar el cierre prematuro de la investigación sin llamar a declarar a la víctima.
Alejandro Slokar, quien lideró el acuerdo, afirmó que la fuerza pública debe garantizar el ejercicio de las libertades y no ser utilizada para la «irrazonable represión». El magistrado calificó el accionar policial como una muestra de «truculencia» incompatible con la democracia constitucional y alertó sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores, sujetos a una tutela judicial preferente.
El fiscal ante la Cámara, Javier de Luca, respaldó el planteo de la querella, representada por la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). De Luca explicó que el uso de la fuerza no cumplió con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, ya que Contreras ejercía pacíficamente su derecho constitucional a la protesta.
La resolución judicial resalta que el silencio de los tribunales ante estos hechos genera un efecto deteriorante en el tejido social y erosiona los cimientos de la convivencia pacífica. Según el voto de Slokar, la validación de estos dispositivos brutales instaura una parcela de «a-juridicidad» que el Poder Judicial no puede tolerar.
El pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal se conoce en un contexto de debate en torno a las políticas de seguridad y el protocolo antipiquetes. Tras la decisión judicial, el Ministerio de Seguridad de la Nación manifestó su postura en redes sociales, cuestionó el fallo y adelantó que será apelado, en defensa de las medidas aplicadas para el control de las manifestaciones.
Próximamente, la Corte Suprema de Justicia deberá analizar la validez del denominado «protocolo antipiquetes», luego de que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunciara que llevará el reclamo al máximo tribunal tras la revocación de un fallo que anulaba la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad.
T| TELESUR