
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó la Ley Antifacción para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, al aumentar el control financiero, e instaurar medidas más estrictas en el sistema financiero, además de penas más severas. El acto se llevó a cabo a puertas cerradas en el Palacio de Planalto.
La norma «endurece las penas para delitos vinculados a estas estructuras, especialmente cuando hay uso de violencia o una actuación organizada, y refuerza la responsabilidad de quienes financian, lideran o integran estas redes», destacó el mandatario en sus redes sociales.
Asimismo, Lula detalló que el proyecto de seguridad amplía las herramientas del Estado para enfrentar a las organizaciones delincuenciales de forma eficaz.
La aprobación se produjo tras un intercambio de opiniones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional durante todo el proceso de tramitación de la propuesta. A la ceremonia de firma asistieron el presidente de la Cámara de Representantes, Hugo Motta, y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre.
El proyecto «amplía los mecanismos para rastrear y bloquear los recursos del crimen» además de facilitar «el intercambio de información entre las fuerzas de seguridad» para dar de forma directa con quienes dirigen organizaciones criminales. «Los magnates del crimen organizado deben ser castigados», destacó el jefe de Estado en redes sociales.
En este sentido, la ley refuerza los mecanismos de estrangulamiento financiero al ampliar el alcance de las medidas para congelar e incautar activos vinculados al crimen organizado. Esto incluye la congelación de cuentas, la incautación de bienes inmuebles, vehículos y acciones corporativas, entre otras medidas.
«Otro punto clave es el combate dentro y fuera de las cárceles, con medidas más estrictas para impedir la actuación de facciones desde el sistema penitenciario», establece el texto, en aras de garantizar una mayor protección para los profesionales de la seguridad pública.
T|VTV

