La Policía Federal de Brasil presentó cargos formales contra el expresidente Jair Bolsonaro y 36 coacusados por un presunto intento de golpe de Estado para evitar la asunción del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria electoral en octubre de 2022. La acusación incluye delitos como «abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal».

La investigación, que lleva casi dos años, reveló la existencia de una «organización criminal» que operó de manera coordinada con el objetivo de mantener a Bolsonaro en el poder después de su derrota. Entre los acusados se encuentran altos mandos militares y exministros del gobierno de Bolsonaro, como Walter Braga Netto, general en reserva y exministro de la Presidencia, y Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina.

El informe policial, que supera las 700 páginas, ha sido enviado al Tribunal Supremo para su revisión. En este documento se detalla cómo los implicados se organizaron en diferentes núcleos con tareas específicas que incluían la difusión de desinformación y la incitación a los militares para ejecutar sus planes golpistas.

Además, esta semana las autoridades detuvieron a cuatro militares y un agente de la Policía Federal acusados de haber ideado un plan para asesinar a Lula da Silva y a otros funcionarios clave. Según las investigaciones, el objetivo era establecer un «comité de crisis» compuesto por militares leales a Bolsonaro.

Desde su derrota electoral, Bolsonaro se ha negado a reconocer los resultados y ha enfrentado múltiples acusaciones que incluyen intentos de socavar la democracia brasileña. En respuesta a las nuevas acusaciones, el expresidente ha proclamado su inocencia y se ha declarado víctima de una persecución política.

El caso ahora será analizado por la Fiscalía General, que decidirá si formaliza una denuncia ante el Supremo Tribunal Federal. Esta acusación representa uno de los mayores desafíos legales para Bolsonaro desde que dejó el cargo en enero de 2023.