Bolivia: 36 detenidos y decenas de heridos en movilizaciones populares

Una violenta jornada de represión policial sacudió este jueves al centro de La Paz, dejando un saldo de 36 personas detenidas y decenas de heridos. Los hechos se registraron luego de que la Central Obrera Boliviana (COB) marchara al corazón de la capital de Bolivia, tras dos semanas en las que las fuerzas de seguridad habían logrado mantener los sectores céntricos libres de protestas.

Testigos y manifestantes denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de los contingentes policiales, luego de que arremetieran con dureza para dispersar a los movilizados.

Lo que comenzó hace 42 días como una protesta laboral por el pliego de peticiones de más de 70 sindicatos, rechazado por el Ejecutivo sin explicaciones, se ha transformado en un clamor generalizado que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El Comando de la Policía emitió un comunicado en el que la institución policial «recomienda» a los periodistas, medios de comunicación y trabajadores de las redes sociales «tomar distancia» de los operativos de intervención.

Aunque la Policía argumenta que la medida busca prevenir que los comunicadores sean víctimas de la violencia que pueda desatarse, en los hechos se interpreta como un intento de blindar el accionar de los uniformados, evitando que las cámaras registren la brutalidad policial y las detenciones arbitrarias que se están ejecutando en las calles paceñas.

El presidente Rodrigo Paz, cuyo Gobierno ha optado por criminalizar la protesta popular, identificarla en asociación con lo que llama «narcoterrorismo» y aprehender a líderes sociales, declaró que ya tiene el camino legal completamente despejado tras ser avalado por la Asamblea Legislativa para decretar el estado de excepción en cualquier momento.

Paz promulgó el lunes la polémica Ley 1740, de regulación de estados de excepción, que autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a ejecutar operativos conjuntos para reprimir las protestas sociales que exigen la renuncia del mandatario desde el pasado 1 de mayo. La nueva normativa faculta la intervención militar directa contra los más de 90 bloqueos de carreteras estatales en un contexto de alta tensión.

De aplicarse esa medida extrema, se ampliarían drásticamente las facultades de la policía, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía, reduciendo al mínimo las garantías y los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Ante este panorama de militarización, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo emitieron este 11 de junio un comunicado conjunto de urgencia convocando a un pacto departamental con las principales organizaciones de La Paz y El Alto para frenar la escalada represiva y forzar una salida negociada al actual conflicto social.

Decenas de bloqueos de carreteras registrados desde el 1 de mayo están afectando el suministro de productos básicos en La Paz y El Alto, profundizando el desabastecimiento. La escasez ha disparado el costo de la canasta básica y provocado la proliferación de un mercado negro de combustibles, donde la gasolina y el diésel se cotizan hasta cinco veces por encima de su precio oficial.

En las urbes se respira una tensa calma, con una población atrapada entre el desabastecimiento y el temor a una nueva oleada de represión estatal si se impone el Estado de Excepción.

T| TELESUR