
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó de forma unánime la Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas, que penaliza a las empresas que implementen sanciones internacionales, como las impuestas por Estados Unidos y sus aliados.
Esta normativa busca salvaguardar la soberanía nacional y proteger a los ciudadanos de medidas coercitivas que amenazan la estabilidad económica y política del país.
La ley establece que las empresas que acaten sanciones internacionales enfrentarán multas significativas y podrían ser sometidas a la suspensión temporal o definitiva de sus operaciones.
Según el texto legislativo, ninguna entidad podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios bajo el argumento de sanciones extranjeras.
El diputado Wálmaro Gutiérrez criticó las sanciones como herramientas utilizadas por países hegemónicos para controlar naciones soberanas, mientras que el diputado Moisés Absalón Pastora reafirmó el compromiso de Nicaragua con su autodeterminación.
Está legislación también permite a las instituciones del Estado y empleados públicos afectados por sanciones solicitar la restitución de servicios y reparación por daños ocasionados.