
En un contundente mensaje de defensa de la paz y la estabilidad nacional, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad este jueves la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. Esta legislación, producto de un profundo análisis y debate, representa un hito en la lucha contra el financiamiento al terrorismo y la violencia política.
El diputado Diosdado Cabello, en una intervención que resonó en todo el hemiciclo, denunció cómo algunas ONG han sido utilizadas como fachada para financiar actividades subversivas y guarimbas, poniendo en riesgo la seguridad de todos los venezolanos.
Ante esta grave amenaza, la nueva ley establece prohibiciones claras y contundentes para evitar que recursos externos sean utilizados para desestabilizar el país.
Principales puntos de la ley:
Prohibición al financiamiento del terrorismo: Se prohíbe de manera expresa que las ONG reciban fondos destinados a actividades terroristas, garantizando así que ningún recurso pueda ser utilizado para financiar actos violentos que atenten contra la vida y la integridad de los ciudadanos.
Transparencia en el financiamiento: Las ONG deberán informar de manera detallada sobre los fondos que reciben, sus donantes y el destino de esos recursos. Esta medida permitirá un mayor control y evitará que se oculten actividades ilícitas.
Disolución de organizaciones que incumplan la ley: Se establece un mecanismo claro para disolver aquellas organizaciones que incumplan las disposiciones de esta ley, garantizando así que no se conviertan en un refugio para actividades ilegales.
Fortalecimiento del Estado de derecho: La ley otorga al Estado venezolano las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa y prevenir cualquier intento de desestabilización.
Con la aprobación de esta ley, el Estado venezolano reafirma su compromiso con la defensa de la paz y la estabilidad, al tiempo que garantiza el pleno ejercicio de las libertades y derechos de todos los ciudadanos.