
La Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras, integrada por 70 organizaciones, denunció este lunes la continuidad de un modelo que favorece intereses empresariales, industriales y extractivos, en detrimento de las comunidades rurales, indígenas y garífunas.
Las organizaciones cuestionaron los decretos 93-2021, 84-2026 y 107-2026, que -afirmaron- facilitan desalojos, criminalizan la protesta y amplían la protección estatal a intereses industriales.
Denunciaron también el retorno de Honduras al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) y el incumplimiento de sentencias internacionales a favor de comunidades garífunas.
T| TELESUR

