Los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) emitieron un comunicado en el que condenan las sanciones impuestas por el gobierno de Canadá a cinco funcionarios del Estado venezolano.

El bloque, que incluye a Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua, Venezuela, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves, rechazó estas medidas coercitivas unilaterales y arbitrarias.

Los funcionarios sancionados son Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; Juan Carlos Hidalgo, juez del TSJ; Rosalba Gil Pacheco, integrante del Consejo Nacional Electoral; Edward Miguel Briceño Cisneros, juez; y Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal.

Según el comunicado del ALBA-TCP, estas sanciones son vistas como un intento de socavar la soberanía venezolana.

El bloque regional enfatizó la necesidad de respetar la autodeterminación de los pueblos y rechazó cualquier acción que considere ilegítima.

Las sanciones impuestas por Canadá se producen en un contexto de tensiones políticas en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.