Agresión militar de EEUU contra Venezuela (Parte I) | La ilegalidad comienza por casa

Natchaieving Méndez

El 2 de enero transcurría sin novedad. Quienes residen en el país, lo han visitado o conocen a sus ciudadanos saben que, en general, su rasgo distintivo es el espíritu festivo. Apenas habían pasado dos días del 2026 y muchos habían seguido “la rumba” como preludio de la jornada laboral que una buena parte retomaría el lunes 5 de enero.

Desde el 19 de agosto surgió un temor que se mantendría latente por cuatro meses: una posible incursión de fuerzas militares de Estados Unidos (EE. UU.) en el territorio. A partir de esta fecha, los principales noticieros reseñaban los movimientos de buques, portaaviones e infantes de marina estadounidenses. Estos se movilizaban en una operación que, según el mandatario Donald Trump, buscaba neutralizar a bandas de narcotraficantes; inicialmente mencionó al “Tren de Aragua” y luego al “Cártel de los Soles”, el cual, de acuerdo con su narrativa, era liderado por el mandatario Nicolás Maduro Moros.

La población se habituó a estas informaciones y un nutrido grupo, bajo las directrices de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se preparó incluso para la defensa del territorio.

Con el paso de los días, aquel temor se convirtió en leyenda urbana. Muchos bromeaban (algo muy venezolano) sobre la incursión, sin descartar la posibilidad de que fuese cierta, una posibilidad. Llegó la Navidad y la Nochevieja, la población decidió celebrar; entonces, ocurrió lo que nadie deseaba, aquello que era lejano, pero advertidos años atrás por el presidente Hugo Chávez; el día en que todo cambió.

Violación a su propia Constitución

Si algo han dejado claro Trump y su administración es que no les importan siquiera las leyes de su país. La Constitución de Estados Unidos, en el artículo I, sección 8, cláusula 11, establece la denominada cláusula de poderes de guerra (War Powers Clause). Esta normativa dispone que solo el Congreso tiene la potestad para “declarar la guerra, otorgar patentes de corso y represalia, y dictar reglas sobre capturas en tierra y mar”.

No obstante, lo anterior se omitió y la incursión militar del pasado 3 de enero se realizó a espaldas del Parlamento. Ante los reclamos de los congresistas por la violación de su Carta Magna, el argumento del secretario de Estado, Marco Rubio, ratificado por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Defensa Pete Hegseth, consistió en que debían “proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto” contra el presidente Maduro.

El representante del Gobierno de Trump expresó, además, en una entrevista con la NBC, que el bombardeo no fue contra Venezuela, sino que se aplicó la ley para capturar a un “narcotraficante acusado”. Sin embargo, surge una nueva contradicción en esta narrativa, argumento se desmoronó este martes 7 de enero, cuando el Departamento de Justicia retiró los cargos de, supuestamente, liderar la organización terrorista que justificaba sus acciones.

Además, refieren que el ataque “no fue contra Venezuela”, pese a que no solo bombardearon el punto donde se hallaba el mandatario, sino también instalaciones militares, lo cual causó destrozos en centros de salud, de formación científica, residencias de civiles y edificaciones patrimoniales. ¿Acaso esto no constituye un ataque contra la nación?

Panamá no es referencia

Ciertamente, no es la primera vez que un presidente de EE. UU. abusa de sus funciones apelando al artículo II de su Constitución. Durante la invasión a Panamá de 1989, George H. W. Bush lanzó una operación sin el consentimiento del Congreso para derrocar a Manuel Noriega, quien fue procesado por lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado

Aunque muchos seguidores pro-Trump intenten establecer una analogía entre este caso y lo ocurrido en Venezuela, la diferencia es el punto clave de esta ilegalidad del discurso del inquilino de la Casa Blanca. Panamá si había emitido una declaración de “estado de guerra” previa al ataque. De acuerdo con un artículo Katherine Yon Ebright, abogada del Programa sobre Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center, cinco días antes de la incursión de Bush al país centroamericano, las fuerzas panameñas arremetieron en contra de ciudadanos y militares estadounidenses, lo que provocó la intensificación de tensiones.

“Habían incluido ciertas incursiones armadas de las fuerzas panameñas en bases militares estadounidenses establecidas bajo los tratados por el Canal de Panamá y otros enfrentamientos con las fuerzas panameñas (…) Fueron esas acciones, y no la existencia de cargos penales contra Noriega, las que citó Bush como justificaciones legales para la invasión”, describió la jurista en su artículo.

En aquel entonces, el Congreso de EE. UU. promulgó las leyes que requería la administración Bush, pues se habían agotado todas las vías diplomáticas para propiciar un cambio de mandato en Panamá. “El Senado había aprobado cierto lenguaje, no obligatorio, que alentaba a utilizar opciones militares”, recalca Yon Ebright.

Venezuela nunca ha declarado la guerra a Estados Unidos. Aunque Trump reitere que el Gobierno del presidente Maduro “ha vaciado las cárceles del país en las calles estadounidenses”, las cifras de criminalidad de migrantes venezolanos en ese país dicen lo contrario. No han existido invasiones, incursiones armadas o ataques de la nación suramericana en territorio estadounidense o sus bases militares.

Prueba de ello es que varios tribunales federales rechazaron que su jefe de Estado invocara la Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, precisamente porque no existían indicios de agresión por parte de la administración venezolana.

Asimismo, para Yon Ebright, la intención de justificar un bombardeo basándose en una acusación penal es “tan infundada como peligrosa”. Desde su perspectiva, el hecho de que EE. UU. recurra a este argumento no le otorga carta blanca a la administración para emplear la fuerza militar con el fin de capturar a un imputado. De ser así, se deslegitimaría el rol del Congreso y concentraría en el presidente la decisión de ir a una guerra, lo que contradice los principios del sistema democrático.

Estos no son los únicos puntos oscuros en la estrategia del gobierno estadounidense contra Venezuela. El uso de términos como ‘extracción militar quirúrgica’ —que en la práctica se traduce en una incursión armada no autorizada en territorio soberano para capturar a un presidente en ejercicio y a su entorno— carece de una base legal en el Derecho Internacional y vulnera el principio de inmunidad soberana. Esta postura no solo ignora los tratados de convivencia entre naciones, sino que busca establecer un peligroso precedente donde la justicia interna de un país pretende actuar como policía y juez del mundo.

En la segunda parte, analizaremos las profundas incongruencias jurídicas de la acusación presentada en los tribunales de Nueva York, explorando cómo la judicialización de la política se ha convertido en una herramienta de presión que desafía los pilares de la jurisdicción internacional.