
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue acusado a nivel federal por mentir a los investigadores tras haber disparado a un migrante venezolano en la ciudad de Minneapolis, el 14 de enero pasado. La acusación formal señala que el funcionario Christian Castro incurrió en seis cargos de falsedades deliberadas sobre el violento incidente operativo.
El suceso ocurrió cuando Castro y su compañero intentaron interceptar a Alfredo Alejandro Aljorna, quien huyó hacia la entrada de su vivienda. Durante la persecución, su familiar Julio César Sosa-Celis intervino para asistirlo, momento en el que el agente desenfundó su arma y disparó a través de la puerta de la residencia.
El disparo atravesó la estructura del inmueble e impactó la pierna de Sosa-Celis, poniendo en peligro la vida de dos menores que estaban dentro de la vivienda. Tras el tiroteo, el funcionario declaró falsamente que fue agredido con objetos contundentes por varios hombres, justificación que usó para alegar que actuó en legítima defensa.
Las investigaciones del Departamento de Justicia desmintieron la versión del agente mediante la revisión minuciosa de grabaciones de videovigilancia y pruebas periciales. Ante el hallazgo de estas irregularidades, las autoridades retiraron los cargos iniciales presentados contra las víctimas e iniciaron el proceso penal contra el efectivo federal.
Castro se entregó formalmente ante las autoridades judiciales para la audiencia de presentación, mientras enfrenta en paralelo cargos estatales en el estado de Minnesota. La defensa legal de los migrantes afectados denunció que las imputaciones actuales resultan insuficientes y exigió juzgar la acción como un delito grave contra los derechos humanos.
La Fiscalía Federal evalúa la posibilidad de formular cargos adicionales por violaciones constitucionales cometidas bajo apariencia de autoridad legal. Este proceso representa un precedente al ser la primera acusación penal contra un agente del ICE en el marco de sus labores de control migratorio.
La defensa del afectado mantendrá el reclamo institucional para que se sancionen con todo el peso de la ley el abuso de fuerza ejercido contra la comunidad migrante.
T| TELESUR

