
Al menos 245 personas -entre ellas abogados, periodistas y defensores de derechos humanos- experimentaron algún tipo de persecución política en El Salvador durante la presidencia de Nayib Bukele, de acuerdo con un informe presentado este jueves por la organización humanitaria Cristosal.
“El Salvador está experimentando el resurgimiento de un proceso de persecución y criminalización por motivos políticos”, apuntó la ONG en el documento, en el que también alertó que este fenómeno representa “una regresión histórica que contradice los avances logrados tras los Acuerdos de Paz de 1992, cuando se creía superada esta práctica represiva”.
El documento reveló que “entre 2019 y 2025, la persecución política dejó de ser selectiva y evolucionó hacia un modelo estructural, sostenido y judicializado” y que “el punto de quiebre fue 2021, tras la captura de las principales instituciones del sistema de justicia” y, “desde entonces, la criminalización penal se consolidó como política de Estado y el miedo se instaló como norma para quienes trabajan por sus comunidades, familias o derechos”.
Según el análisis de Cristosal, la persecución se ejecuta mediante mecanismos que se combinan y refuerzan, como hostigamiento y vigilancia, amenazas, seguimiento, estigmatización y presión directa.
Del total de los casos, 180 (73,4 %) enfrentaron procesos penales, de los que en 174 casos (96,6 %) «la persecución se realizó exclusivamente por la vía penal, mientras que en 6 casos (3,4 %) el Estado la combinó con otras acciones punitivas».
Según la ONG, siete de cada diez personas perseguidas por motivos políticos fueron criminalizadas y 86 continúan detenidas y solo siete han sido condenadas.
T | EFE

