
El Congreso de Perú aprobó este martes en segunda votación, con 52 votos a favor, 43 en contra y cinco abstenciones, la reforma que modifica el Código Penal Militar Policial junto al Nuevo Código Procesal Penal para excluir de la jurisdicción ordinaria a los efectivos de la fuerza pública que cometan delitos en el ejercicio de sus funciones.
Esta norma fue avalada en medio del conteo electoral que definirá al próximo presidente de Perú, disputado por la candidata derechista Keiko Fujimori y el representante de la izquierda Roberto Sánchez, desoyendo las recomendaciones explícitas del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, quien había advertido firmemente que las violaciones de las prerrogativas fundamentales deben ser juzgadas por tribunales civiles independientes.
La reforma, que fue promovida por la bancada del fujimorismo en representación de cientos de uniformados procesados por graves abusos perpetrados durante el régimen de Alberto Fujimori o en el contexto de las protestas populares de 2022 y 2023, obliga constitucionalmente a los magistrados de la justicia común a archivar de forma inmediata aquellas causas que ya estén bajo examen castrense por conductas cometidas por acción u omisión en estados de emergencia.
La resolución impide que se dicten sentencias firmes en el fuero ordinario y consagrando un mecanismo de asimilación penal que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) calificó a traves de sus redes sociales como «preocupante», al denunciar que en las décadas de 1980 y 1990 la justicia militar fue utilizada de forma sistemática como un escudo para archivar casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.
T/Telesur

