La Fiscalía de Estados Unidos mantiene abierta una segunda investigación penal contra Nicolás Maduro, esta vez en Miami y centrada en delitos de blanqueo de capitales.

Las pesquisas, según fuentes conocedoras del caso consultadas por ABC, llevan varios meses en marcha y fueron activadas formalmente alrededor de marzo, ya estaba bajo custodia en Estados Unidos tras la operación militar ordenada por Donald Trump en enero en Caracas, en la que también se llevaron a su esposa, Cilia Flores.

Aún no ha sido imputado por esos delitos, que deberán pasar por un gran jurado. Maduro, que tiene 63 años, se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn a la espera de juicio por la causa abierta en Nueva York, donde se ha declarado no culpable de conspiración narcoterrorista, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas.

La nueva línea de investigación está en manos de la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida, un departamento del Ministerio Público con larga experiencia en los casos de corrupción venezolana, blanqueo de capitales y redes financieras del chavismo. Al frente de las pesquisas está Michael Berger, fiscal federal de Miami especializado en casos penales internacionales, con participación de agentes del FBI, del Departamento de Seguridad Nacional y del fisco estadounidense (IRS).

Según las fuentes consultadas, varios fiscales y agentes mantuvieron en marzo una reunión para revisar investigaciones abiertas relacionadas con Maduro y con Alex Saab, el empresario colombiano nacionalizado venezolano considerado durante años por Washington uno de los principales operadores financieros del régimen. Saab fue extraditado la semana pasada y ahora se enfrenta a juicio por fraude y corrupción.

Para Maduro, la investigación de Florida abre una vía distinta a la causa de Manhattan. El caso de Nueva York se basa en una acusación presentada originalmente en 2020, durante el primer mandato de Trump, y fue utilizado formalmente por la Casa Blanca como justificación legal para la operación de fuerzas especiales que depuso a Maduro y lo trasladó a Estados Unidos.

Esa imputación sostiene que Maduro entregó pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática para aviones usados por blanqueadores de dinero para repatriar beneficios del narcotráfico desde México a Venezuela. Pero entre algunos funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca existen dudas sobre la solidez del caso neoyorquino, en parte porque no incluye cargos de blanqueo de capitales, y queda a merced de la decisión del juez Alvin K. Hellerstein.

La causa de Miami puede servir como vía alternativa si aparecen complicaciones legales en Nueva York. Donald Trump ya sugirió abiertamente en marzo que Maduro podría enfrentarse a más cargos en Estados Unidos. En declaraciones desde la Casa Blanca en una reunión de su gabinete, el presidente aseguró que aquel debe ser «el primero de muchos» porque, a su juicio, al exdirigente venezolano «solo lo están procesando por una fracción de los delitos que cometió».

El foco en el blanqueo responde a una prioridad antigua de los fiscales del sur de Florida: seguir el dinero del chavismo e identificar cuentas, intermediarios, sociedades pantalla y flujos financieros vinculados a dirigentes venezolanos. Es una tarea que durante años ha sido difícil por la opacidad de las estructuras usadas para mover fondos fuera de Venezuela.

El nombre que une esa línea financiera con Maduro es Alex Saab, su testaferro. La Fiscalía de Miami desclasificó esta semana nuevos cargos de blanqueo contra él por su presunto papel en una trama vinculada al programa público venezolano de alimentos CLAP, el Comité Local de Abastecimiento y Producción.

Saab ya había pasado dos años en una prisión estadounidense tras ser extraditado desde Cabo Verde, antes de recibir un indulto de Joe Biden en 2023 y regresar a Venezuela dentro de un canje de presos con el Gobierno de Maduro. Ahora ha sido deportado de nuevo a Estados Unidos y acusado por un solo cargo de blanqueo en una imputación obtenida en enero, poco después de que Maduro fuera llevado a territorio soberano norteamericano.

T/ABC