Argentina: impulsan amparo colectivo con más de 850.000 firmas para proteger los glaciares

En respuesta a la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Congreso de Argentina el pasado 9 de abril, diversas organizaciones sociales impulsaron un amparo colectivo ante el juzgado federal de la provincia La Pampa, que ya alcanzó una adhesión de más de 850.000 firmas.

Organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace impulsaron el amparo planteando la inconstitucionalidad de la modificación aprobada.

Más de 850.000 personas adhirieron a título personal solicitando una medida cautelar para proteger el agua y denunciar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley 26.639 impulsada por el Gobierno de Javier Milei y el lobby minero.

Dicha propuesta exige suspender en todo el territorio nacional la aplicación e implementación de la ley que debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

Asimismo, otras organizaciones y asambleas territoriales de todo el país se han sumado a la propuesta: entre ellas están la Asamblea Jachal no se Toca, Asamblea Popular por el Agua, Asamblea Pucará, Asamblea en Defensa del Territorio, Asamblea Santa Cruz por el Agua, Multisectorial Golfo San Matías, Asamblea el Paraná No se Toca, Asociación Alihuén. También cuenta con organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Círculo de Políticas Ambientales.

Durante el proceso legislativo se le negó la participación a más de 100.000 personas inscriptas en la audiencia pública convocada por comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que ni siquiera el 0,2 por ciento de las personas anotadas pudo participar oralmente, lo que conviertió la audiencia en una simulación de participación.

De acuerdo a la Asociación Argentina de Abogados/As Ambientalistas “las reglas de la audiencia fueron cambiadas una vez abierta la inscripción: se intentó validar la instancia agregando videos y ponencias escritas, pero con criterios arbitrarios que no cumplen con el requisito de transparencia”.

Puntualizó además que “la reforma reemplaza un criterio científico común por decisiones provinciales discrecionales sobre qué proteger y qué no. Esta reforma no es una actualización técnica, sino un intento de fragmentar la protección de recursos que pertenecen a todos los argentinos”.

La protección de los glaciares y el ambiente periglacial radica además en que estos alimentan el 40 por ciento de las cuencas hídricas nacionales y garantizan el agua para más de 7 millones de personas.

En la provincia de Santa Cruz, la Justicia Federal de Río Gallegos suspendió la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares y puso un freno inmediato a cualquier intento de habilitar actividades sobre zonas protegidas.

El juez federal Claudio Marcelo Vázquez hizo lugar a una medida cautelar presentada en el marco de una acción de amparo ambiental y dispuso la suspensión de los efectos de la reforma de la Ley 26.639 en el ámbito de la provincia de Santa Cruz.

T| TELESUR