
Es frecuente que al hablar de trabajo su concepto se reduzca a una vinculación de subsistencia. Sin embargo, si lo vemos desde el impacto social e individual, comprobamos que su naturaleza es mucho más compleja.
Definirlo desde su esencia es adentrarse a la historia de la civilización, en las interacciones del ser humano con el entorno; una concepción de un ejercicio consciente de organización que moldea la realidad. Es visualizarlo como un hilo invisible con el que tejemos la relación con el otro, validando nuestra utilidad a través del intercambio de bienes y servicios que, en última instancia, nos define y nos otorga un lugar en la sociedad. Nos hace útiles.
Ahora bien, como toda la humanidad, el trabajo humano ha sufrido una metamorfosis a lo largo de la historia, tanto es así que cuesta imaginar y entender cómo era el sistema laboral un siglo atrás. La sociedad ha pasado de la recolección manual de frutos a la programación abstracta de algoritmos y en ese trayecto se puede comprobar que, más que una evolución laboral hacia el bienestar, ha existido una batalla constante entre la supervivencia digna y la lógica de la acumulación que, ayer y hoy, busca elevar beneficios mediante la alienación esfuerzo ajeno.
Cuando se habla del trabajo y su historia contemporánea, inevitablemente, la mirada se ubica en la Revolución Industrial y el contrato social que se posicionó bajo el principio de que todo esfuerzo humano, físico o intelectual, tenía que ser correspondido por un sistema de seguridad que blindara la supervivencia de la persona, más allá de su capacidad productiva inmediata. No obstante, a un cuarto del siglo XXI, pareciera que en muchos países existiese una regresión sistémica a las conquistas laborales de la sociedad moderna.

Bajo la bandera de la “modernización”, algunas gobiernos de líneas conservadoras y de tendencia ultraderechista, han desmantelado las protecciones del trabajador en sus naciones. Uno de los casos es Argentina, donde la consolidación de reformas radicales hace más fácil y barato contratar y despedir personas. Ahora, las empresas tienen carta blanca para organizar horarios a su conveniencia y se reemplaza la indemnización por un fondo de cese laboral que el propio trabajador alimenta mensualmente con sus aportes.
El esquema argentino impulsado por Javier Milei establece la extensión de los periodos de prueba y la eliminación de multas por empleo no registrado, reduce al ser humano a un insumo descartable. En otras palabras, quita el velo penal del despido arbitrario y fomenta una inestabilidad que limita cualquier proyecto de vida a largo plazo.
Otro ejemplo de retroceso laboral se consuma en Estados Unidos, donde una serie de órdenes ejecutivas de gran alcance firmadas por la administración Donald Trump al iniciar su segundo mandato, debilitó la fuerza sindical. Con la implementación de las leyes de eficiencia, se reclasifica a empleados públicos de carrera como personal “de confianza” y esto les quita la protección de sus convenios colectivos exponiéndolos a despidos arbitrarios sin derecho a la defensa gremial.
Pero la regresión no solo se ve de “este lado del charco planetario”. En diversos países europeos persiste la práctica de la tercerización o subcontratación, estrategia que deja que deja en el limbo los derechos laborales. Un ejemplo crítico es el sistema de falsos autónomos en las plataformas de reparto y servicios digitales en España y el Reino Unido donde, a pesar de las sentencias judiciales que exigen reconocer el vínculo laboral, las empresas utilizan plataformas de subcontratación para evadir el pago de seguridad social. En palabras más sencillas, los trabajadores son manejados de forma directa a través de una aplicación, por lo que no pueden negociar su pago, pero reciben órdenes totalmente de la empresa.

En otro punto del mapamundi, específicamente en Alemania, un país que ha sido elogiado por su baja tasa de desempleo, oculta la fragilidad laboral en los llamados “minijobs”. Con esta modalidad millones de trabajadores son integrados al mercado laboral y a la vez son excluidos de su bienestar. Se les ofrece “pequeños” trabajos de pocas horas y con un sueldo muy bajo, por los que las empresas no pagan los impuestos completos que requiere un contrato normal.
De las máquinas a la IA
El miedo que se originó durante la Revolución Industrial cuando se pensaba que las máquinas sustituirían la mano de obra, en la actualidad existe con el auge de la Inteligencia Artificial (IA) y los sistemas robóticos que automatizan el tejido productivo.
Ciertamente, la tecnología ha surgido como una herramienta para facilitar la labor humana, una forma que reduce las cargas (muchas veces penosas) de los trabajadores y liberar tiempo para el desarrollo personal. No obstante, la aplicación actual ha sido dirigida a la sustitución masiva y el abaratamiento de los costes de operativos.
Con notable preocupación se observa que más que una manera de optimizar la labor, la IA se ha convertido en una posibilidad de cubrir plazas laborales y sustituir empleos de carácter operativo o manual. Incluso, su uso como sustituto de la habilidad humana crece vertiginosamente en sectores creativos, analíticos y comunicacionales, lo que ha generado una incertidumbre existencial en profesionales que antes se consideraban “intocables” por cumplir funciones exclusivas del raciocinio humano.

El peligro surge no solo la desaparición del empleo, sino la creación de una masa de trabajadores subutilizados y, por consiguiente, subpagados que deben competir con sistemas que no requieren descanso, salario ni protección social.
Un ejemplo claro y cotidiano es la creciente tendencia de los comercios a tener sistemas de autopago, que reduce a una máquina lo que antes se hacía entre dos o más empleados. Bajo la narrativa de la eficiencia y la rapidez, ahora el consumidor hace las labores del cajero, es decir, “paga y se da el vuelto”. Con esta acción, las empresas consiguen eliminar puestos de trabajo directo y aumentar sus márgenes de ganancia a costa de un empobrecimiento del tejido laboral.
¿Cuál es el resultado de estas modalidades? Una economía en la que el valor se concentra en los propietarios de la tecnología, se quita responsabilidad empresarial frente a la sociedad y aumenta el riesgo de una multitud cada vez más desprotegida, que sostiene sobre sus hombros la incertidumbre de una economía que los utiliza, pero no los reconoce
Bajo la economía de las plataformas, los algoritmos actúan como un capataz invisible: dictan ritmos de trabajo, establecen salarios variables según la demanda del momento y a la vez pueden desconectar a un trabajador de sus fuentes de ingreso sin previo aviso ni derecho a réplica. Bajo la máscara de la “libertad” surge una vigilancia despersonalizada que ignora las circunstancias humanas de salud, estabilidad o familia.
Ante este panorama, el reto no es dar la espalda al avance tecnológico sino dar la posición que tiene: un complemento del trabajo humano sin menoscabo de los logros salariales alcanzados tras siglos de lucha. Debe tenerse como premisa que una sociedad que sacrifica los derechos de sus trabajadores para entronizar el avance tecnológico está condenada a una desintegración en la que la democracia misma pierde su sentido más profundo.
De allí que, bajo una regulación firme y el compromiso con la justicia social, se asegure que la IA y la automatización sirvan para elevar la efectividad humana en lugar de hundirla en una nueva era de incertidumbre y desigualdad estructural.
Natchaieving Méndez

