
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, formalizó este jueves la creación de la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, una instancia que busca transformar el sistema judicial del país atendiendo a las demandas ciudadanas.
Rodríguez enfatizó que la reforma abarcará todos los aspectos del acceso a la justicia con el fin de eliminar vicios y desviaciones de poder. «Vamos a consultar a los venezolanos sobre la reforma de la justicia penal, es un pedido del pueblo. La deuda ya es impostergable», afirmó la mandataria durante el acto de firma del decreto.
El objetivo central de la consulta es garantizar el cumplimiento del artículo 26 de la Constitución, asegurando una justicia gratuita, imparcial, transparente y sin dilaciones indebidas. Rodríguez hizo un llamado a todos los organismos competentes para trabajar de manera coordinada ante las quejas cotidianas de la población sobre el funcionamiento del sistema.
Es relevante destacar que esta reforma es una prioridad de Estado basado en la nueva política que se fundamenta en cinco pilares estratégicos para reformular el abordaje penal y social en el país, tales como:
Consulta Nacional Multidisciplinaria: Integración de diversos sectores para reformar no solo el ámbito penal, sino también el civil, mercantil y social.
Lucha contra la Impunidad: Una reforma profunda orientada a erradicar la corrupción dentro del sistema judicial.
Justicia Restaurativa: Promoción de alternativas a la justicia penal tradicional para fomentar la convivencia pacífica.
Humanización del Sistema: Implementación de mecanismos alternativos a la privación de libertad y flexibilización de procesos.
Cultura de Paz: Consolidación de una nueva etapa política basada en el diálogo y la convivencia democrática.

Balance de la Ley de Amnistía
En el marco del evento, la vicepresidenta ofreció un balance sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, destacando que hasta la fecha se han beneficiado 8.616 personas con libertad plena. Subrayó que este instrumento jurídico se fundamenta en el «perdón y la reconciliación nacional», incluso para ciudadanos que se encuentran en el exterior.
Asimismo, recordó la vigencia del Programa para la Paz y Convivencia Democrática como una vía para canalizar casos que quedaron excluidos de la Ley de Amnistía, reforzando el camino hacia el diálogo nacional.
Al encuentro asistieron las máximas autoridades de los poderes públicos, entre ellos la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el fiscal general, Larry Devoe; la defensora del Pueblo, Eglée González; y el vicepresidente de Política y Seguridad, Diosdado Cabello.
T|VTV

