El juicio contra Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras, ha generado controversia al ser señalado como un proceso de persecución política vinculado a los hechos ocurridos durante el período electoral de 2025.En su comparecencia ante el Congreso Nacional, Morazán afirmó que este proceso busca “apoderarse de toda la institucionalidad sin respeto al Estado de derecho”. El funcionario insistió en que “esto no es un juicio político, es un juicio politizado” y aseguró haber actuado siempre conforme a la ley.

Según el magistrado, el juicio carece de imparcialidad, ya que previamente se habían emitido pronunciamientos públicos sobre su actuación en las elecciones de 2025. A su juicio, se trata de una estrategia de los partidos de derecha para consolidar poder en detrimento de la pluralidad política.

Morazán también cuestionó la aplicación de la Ley de Juicio Político, señalando que es contraria a los principios fundamentales de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana.

Antes de iniciar su comparecencia ante la comisión del Congreso, Morazán había presentado un recurso de amparo, el cual notificó personalmente en el Congreso Nacional.

Este proceso se suma a otros enjuiciamientos contra figuras relevantes del sistema judicial y electoral hondureño, entre ellos el exfiscal general Johel Zelaya, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Rebeca Ráquel y el consejero electoral Marlon Ochoa. Este último declaró que el juicio en su contra “carece de toda imparcialidad” y que las acusaciones buscan encubrir prácticas de corrupción bipartidista relacionadas con el fraude electoral de 2025.

Las imputaciones han estado acompañadas de amenazas y ataques reiterados contra los acusados, lo que ha intensificado el clima de tensión política en el país.

T|TELESUR