Organizaciones sociales de Ecuador denunciaron que la nueva política de vivienda impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa mercantiliza este derecho fundamental, y advirtieron que la normativa prioriza el sistema financiero y beneficia directamente a las inmobiliarias, excluyendo a las familias más pobres del país, en momentos en que reconoce de manera oficial que el déficit habitacional afecta a unas 727.000 familias.

Los colectivos —entre los que se encuentran el Frente Popular y el movimiento Revolución Ciudadana— cuestionan que el modelo gubernamental se centre en el crédito hipotecario como vía principal de acceso a una casa. Esta lógica profundiza el endeudamiento familiar en lugar de garantizar soluciones habitacionales directas.

Aunque programas gubernamentales como Miti- Miti y CrediCasa mantienen tasas subsidiadas, las organizaciones cuestionan que funcionan bajo una lógica de bancarización. El acceso queda condicionado a la capacidad de pago y al historial crediticio de los solicitantes. Quienes no califican para financiamiento bancario permanecen fuera del sistema, convirtiendo un derecho constitucional en un producto financiero inaccesible.

La normativa otorga un peso predominante al sector privado mediante incentivos tributarios. Empresas particulares participan directamente en la construcción de vivienda social, lo que reduce el rol del Estado como garante del bienestar ciudadano.

Las organizaciones advierten que este esquema permite a los intereses empresariales definir unilateralmente las condiciones de acceso, la ubicación de los proyectos y la calidad de las infraestructuras.

T|TELESUR