Al menos 78 palestinos con ciudadanía israelí han sido asesinados en Israel desde principios de año como consecuencia de una ola de violencia criminal contra ese segmento poblacional. La más reciente víctima fue un hombre de 32 años baleado el jueves en la ciudad de Herzaliya por individuos armados que irrumpieron en su lugar de trabajo.

La comunidad palestino-israelí, compuesta por más de 2.1 millones de personas, un 21% de la población nacional, ha alzado su voz contra la ola criminal. El jefe del Comité Supremo de Vigilancia de la Sociedad Árabe en Israel, Jamal Zahalka, criticó la alta criminalidad, atribuyendo la responsabilidad al Gobierno de Benjamín Netanyahu por su inacción.

A finales de enero, la sociedad árabe palestina realizó una huelga general para denunciar esta problemática que se agrava progresivamente. El presidente Yitzhak Herzog declaró recientemente que «la lucha contra la violencia en las calles debe ser una prioridad nacional», un reconocimiento de la magnitud de la violencia.

El pasado año perdieron la vida 255 miembros de esta minoría, la cifra más alta registrada; en 2024, se contabilizaron 237, y en 2023 un total de 244 palestinos fueron asesinados. Estos datos contrastan con las declaraciones del jefe de la Policía, Danny Levy, quien anunció «una disminución continua de las estadísticas de la delincuencia», crítica hecha por el diario The Times of Israel.

Medios israelíes enfatizaron que en los últimos tres años se produjo un enorme repunte de la violencia contra los ciudadanos árabes en el país. Los homicidios se han convertido en una «nueva normalidad» en las ciudades y muchos de los perpetradores «pueden deambular libremente sin ser atrapados ni castigados», lo que alimenta la percepción de impunidad», dijo el diario.

Una reciente encuesta del Instituto para la Democracia de Israel revela que solo un 19% de los palestinos con ciudadanía israelí confían «mucho o bastante» en la policía, lo que refleja una profunda brecha de confianza. Esta minoría, descendientes de los palestinos que no fueron expulsados de sus tierras tras la creación del Estado judío en 1948, denuncia históricamente el tratamiento como ciudadanos de segunda, un factor subyacente a la desconfianza institucional.

T|AGENCIAS