La Cámara de Diputados de Argentina inició este miércoles la primera audiencia pública para tratar la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, en un esquema cuestionado por restringir la participación ciudadana, ya que limita la intervención a una pequeña parte de los más de 100.000 inscriptos y deja fuera a la gran mayoría de los interesados en exponer.

La jornada contará sólo con 200 oradores presenciales, mientras que otros 200 participarán el jueves de forma virtual. El resto de los anotados solo podrá enviar presentaciones escritas o grabaciones en video, lo que ha generado críticas por considerar que se trata de una instancia con escaso margen real de intervención.

El proceso se desarrolla en un clima de tensión política, atravesado por cuestionamientos tanto a la organización del debate como a las condiciones impuestas. El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, definió un formato mixto que concentra las exposiciones en apenas dos días —25 y 26 de marzo— priorizando a los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones, lo que en la práctica excluye a la mayoría.

Desde organizaciones socioambientales cuestionaron el carácter “exprés” de las audiencias, al señalar que más del 90 % de los inscriptos no podrá participar de manera directa. En ese sentido, advirtieron que el mecanismo adoptado apunta más a cumplir con un requisito formal que a promover un debate amplio.

T/Telesur