Juez ordena a Trump ayudar a repatriar a venezolanos que deportó a El Salvador
Nancy Mastronardi 
Un juez federal ordenó al gobierno estadounidense que haga los arreglos necesarios para permitir que algunos de los migrantes venezolanos deportados a una prisión de El Salvador regresen a Estados Unidos a expensas de la administración federal.
El caso ha sido un punto de fricción en el contexto de la ofensiva migratoria del gobierno estadounidense. Comenzó en marzo, después de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII para enviar a migrantes venezolanos acusados de ser miembros de pandillas al llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, o Cecot.
En el fallo del jueves, el juez de distrito James Boasberg, en Washington, criticó la respuesta de la Casa Blanca a su orden anterior de que elaborara un plan para darles a los hombres la oportunidad de impugnar sus expulsiones. «Aparentemente sin interés en participar en este proceso, las respuestas del gobierno en esencia le dijeron al tribunal que se fuera al diablo», escribió Boasberg.
Nominado para el tribunal federal por el presidente Barack Obama, el juez ha chocado repetidamente con el gobierno de Trump por las deportaciones.
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, arremetió contra la determinación de Boasberg, diciendo en un comunicado que era «un fallo absurdo e ilegal de un activista judicial de extrema izquierda que intenta socavar la autoridad legal del presidente para llevar a cabo deportaciones».
137 hombres fueron devueltos posteriormente a Venezuela en un intercambio de prisioneros negociado por Estados Unidos. Lee Gelernt, su abogado en Estados Unidos, indicó en una audiencia judicial el pasado lunes que los abogados de los demandantes están en contacto con un grupo de ellos que, desde entonces, han logrado salir de Venezuela y ahora se encuentran en un tercer país. Estos hombres están interesados en limpiar su nombre, señaló.
La orden de Boasberg establece que los funcionarios estadounidenses deben proporcionar una carta de embarque a los hombres que se encuentran en terceros países y que deseen volar de regreso a Estados Unidos. El gobierno también debe cubrir el costo de sus pasajes aéreos. El juez señaló que los hombres serían detenidos a su regreso.
Esos hombres y los migrantes que permanecen en Venezuela también pueden presentar nuevos documentos jurídicos en los que argumenten que la proclama presidencial bajo la cual fueron deportados invocó ilegalmente la ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, dictaminó el juez.
T/AP
