El gobierno nacional acusó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de desatender sus deberes para justificar un «colonialismo jurídico» en contra de Venezuela, luego de que ese organismo anunciara el cierre de su oficina en Caracas al argumentar la falta de «progreso real» con el país.

«Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda antiVenezuela impulsada desde centros hegemónicos», indicó la Cancillería en un comunicado publicado en Telegram.

«A pesar de ello, Venezuela, en un claro espíritu de cooperación internacional, se comprometió en mecanismos de complementariedad positiva, dirigido a fortalecer las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de justicia en nuestro país, y reafirmando que es insustituible la jurisdicción primaria venezolana», agregó.