De Lincoln a Kirk: la paradoja de morir por el derecho a portar armas

“Creo que vale la pena. Creo que vale la pena pagar el precio, por desgracia, de algunas muertes por arma de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos otorgados por Dios. Es un acuerdo prudente, es racional”, estas palabras fueron emitidas en una declaración por Charlie Kirk, activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre de 2025.

Kirk recibió un disparo en el cuello mientras hablaba frente a miles de estudiantes en la universidad de Utah. Su muerte ocurre en uno de los, al menos, 14 tiroteos ocurridos en Estados Unidos (EEUU) solo durante 2025. ¿Valía la pena entonces su asesinato para mantener el derecho a portar armas de fuego? La paradoja de la defensa armada como derecho constitucional que a veces se vuelve contra quienes lo promueven

Sin embargo, esta paradoja no es exclusiva del caso de este político conservador lamentablemente asesinado, EE. UU. encabeza la lista de países con más asesinatos y atentados contra figuras políticas, tanto por volumen histórico como por intensidad reciente. La historia de este país que enarbola la bandera de defender “la estabilidad del mundo” está marcada por magnicidios, intentos de asesinato, violencia ideológica y terrorismo doméstico que han afectado a presidentes, congresistas, activistas y líderes comunitarios

La Segunda Enmienda fue propuesta el 25 de septiembre de 1789 por el Congreso estadounidense y aprobada el 15 de diciembre de 1791 como parte de la Carta de Derechos (Bill of Rights). Partió de una necesidad postguerra, en la que la nación estadounidense se expandía y requerían defender a la población de las amenazas internas y externas que quedan como secuela de un proceso bélico.

Entonces, los EEUU. no tenía un ejército ni una tecnología armamentista como el que actualmente poseen, razón por la que muchos detractores de la normativa si bien justifican los motivos que llevaron a sus antecesores a crear este principio, cuestionan si en el contexto actual realmente es necesaria este principio.

Magnicidios que estremecen la memoria

Al revisar la historia estadounidense “a vuelo de pájaro”, como se dice en el lenguaje coloquial, luego de la aprobación de la Segunda Enmienda, al menos nueve políticos han muerto por armas de fuego y decenas han resultado heridos.

El primero que aparece en la lista es Abraham Lincoln, quien fue asesinado el 14 de abril de 1865 por John Wilkes Booth, un simpatizante confederado que lo consideraba responsable de la derrota del Sur en la Guerra Civil.

Otro presidente de EEUU. muerto de un disparo fue James Garfield el 2 de julio de 1881. Charles J. Guiteau, frustrado por no haber recibido un cargo político, le disparó al entonces mandatario en una estación de tren.

Diez años después, otro mandatario corre con el mismo destino: William McKinley, asesinado el 6 de septiembre de 1901 por Leon Czolgosz, un anarquista que odiaba el sistema capitalista. Aunque McKinley no promovía activamente el derecho a portar armas, como republicano industrial no se oponía a él.

Pero, sin dudas, uno de los asesinatos más célebres en la historia contemporánea y sobre el que aún hay investigaciones en curso, fue el de John F. Kennedy, asesinado el 22 de noviembre de 1963. Aunque se arrestó a quien disparó desde un edificio en Dallas, las motivaciones del crimen son objeto de debate, entre ideología, conspiración y resentimiento. De hecho, la revelación de datos sobre su muerte fue una de las promesas de campaña de actual presidente estadounidense Donald Trump quien, por cierto, recibió un disparo en la oreja, durante uno de los mítines cuando promovía su opción para este período de mandato.

Líderes silenciados por ideales

Tal como se ha mencionado antes, la violencia armada en Estados Unidos no distingue rangos ni contextos bélicos. El 27 de noviembre de 1978, un hecho estremeció a California y al mundo: George Moscone, alcalde de San Francisco, y Harvey Milk, activista y primer político abiertamente homosexual, fueron asesinados con múltiples disparos. El autor, Dan White, ex supervisor municipal, actuó movido por el resentimiento político y la homofobia.

La violencia ideológica ha marcado la historia política de Estados Unidos. En 1968, el asesinato de Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr. dejó una herida profunda en la memoria colectiva. Ambos fueron silenciados por armas de fuego, en un contexto donde la defensa de los derechos humanos se convirtió en amenaza. Aunque sus muertes se atribuyen a móviles individuales, diversas investigaciones han señalado la existencia de entramados oscuros que podrían implicar a agencias de inteligencia, encubriendo responsabilidades más amplias.

Durante este año, la violencia política volvió a irrumpir en la esfera pública. Melissa Hortman y su esposo fueron asesinados en su hogar por un agresor vinculado a ideologías extremistas. Meses después, Charlie Kirk fue abatido con un disparo en el cuello durante un evento universitario, cuando paradójicamente contestaba una pregunta sobre tiroteos masivos. Ambos crímenes revelan cómo la violencia se ha convertido en un mecanismo para disputar el relato público y erosionar los pilares democráticos.

En el caso específico de Kirk, su verbo incendiario y sus polémicas declaraciones sobre temas sensibles como el racismo, el aborto, el genocidio palestino, el LGTBQ+ y la defensa del porte de armas, fueron el detonante para despertar la admiración de los sectores de la derecha más conservadora, hasta el odio de quienes adversaban sus ideas. Además, su personalidad y juventud, allanaba el terreno para una posible futura presidencia tan codiciada, incluso, para los integrantes de su ala política cuyas aspiraciones se apoyan sobre la sucesión o legado hereditario.

No se puede dejar de mencionar la gran cantidad de atentados con armas de fuego, en la que varios políticos estadounidenses han sido víctimas. El intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981, el ataque a la congresista Gabrielle Giffords en 2011, y las amenazas armadas contra líderes locales, evidencian un patrón de agresiones que trasciende partidos y niveles de gobierno.

Si a esto le sumamos las incontables muertes, injustas por demás, de civiles que, aunque no tienen connotación pública, han enlutado miles de hogares en EEUU., el panorama se vuelve aún más alarmante. Ya no están en guerra, pero tienen permiso de estar armados como si lo estuviesen. ¿No resulta contradictorio para una nación que se proclama defensora de la paz?

Lo que sí es una certeza es que estos hechos, refuerzan la urgencia de revisar las políticas de acceso a armas y proteger el ejercicio democrático. Mientras una parte de llora la pérdida de otro líder político, su aseveración se transforma en pregunta y queda flotando: ¿vale la pena pagar el precio de algunas muertes por conservar este derecho? Tal vez la verdadera respuesta no esté en la Constitución, sino en la conciencia colectiva.

Natchaieving Méndez