Narkys Blanco 
Tras la confirmación de la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de los comicios generales, la Fiscalía del Trabajo (MPT) de Brasil encendió las alarmas institucionales al registrar 3.396 denuncias por acoso electoral en diversos sectores empresariales, consistentes en amenazas, represalias y despidos motivados por la orientación política de los empleados.
Esta cifra, que representa el 21,4 por ciento del total de denuncias laborales contabilizadas en todo el año, supera con creces los volúmenes de acoso reportados durante el proceso electoral de 2022.
En respuesta a la escalada, el MPT articuló una batería de medidas de emergencia en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), la Abogacía General de la Unión (AGU), el Tribunal Superior del Trabajo (TST) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) para frenar la persecución laboral y resguardar el secreto del voto.
Durante la presentación del paquete gubernamental, las autoridades ministeriales y judiciales enviaron un mensaje directo al sector empresarial.
“Esto refleja el descontento de un sector de empresarios que no acepta el resultado natural y democrático de las urnas. Todo trabajador tiene el derecho constitucional a elegir su filiación política. El acoso es inaceptable y aplicaremos sanciones severas para erradicarlo”, enfatizó el ministro de Trabajo y Empleo, Luiz Marinho.
Por su parte, el Procurador General del Trabajo, Gláucio Araújo de Oliveira, advirtió sobre las consecuencias legales para los infractores:
“El empleador es dueño de la empresa, no del voto de su empleado. Despedir o intimidar a trabajadores por sus convicciones políticas es completamente ilegal y motivará acciones penales y civiles ante la Justicia Laboral”, remarcó.
T/Telesur
