El Congreso de Honduras aprobó un paquete de reformas penales que impone cadena perpetua a los asesinos de policías y jueces. La normativa también establece que los tatuajes alusivos a pandillas sean considerados elementos de prueba legal para procesar a sus integrantes.

Estas medidas forman parte de la política de mano dura contra el crimen organizado del presidente Nasry Asfura, que emula la guerra antipandillas de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.

En Honduras operan las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, a las que se relaciona con el narcotráfico y la alta tasa de homicidios en el país (24 por cada 100 mil habitantes), cuatro veces más que el promedio global.

Tras las reformas aprobadas por mayoría, los asesinos de jueces, fiscales o policías podrán ser sentenciados a prisión perpetua, en lugar de los 30 años que preveía la legislación anterior como máxima condena.

Tatuajes como evidencia en procesos penales
Una de las normas más polémicas faculta al Estado a presentar tatuajes «característicos de maras o pandillas» como evidencia del delito de «asociación terrorista», que conllevará una condena de 30 a 40 años de cárcel.

Un «peritaje» hecho por la policía determinará si un tatuaje es alusivo o no a grupos criminales, de acuerdo con la ley.

Los pandilleros centroamericanos suelen tatuarse los nombres de sus bandas incluso en el rostro.

T/DW