María Fernanda Pérez 
Natchaieving Méndez
Revirtió la ejecución, pero la intención fue evidente y eso dice mucho. El castigo ha sido por siglos un tema de polémica, mientras algunos argumentan que es la mejor manera para disuadir la repetición de actos reprochables por la sociedad, otros alegan que se trata de exacerbar el morbo de los seres humanos.
Nidal Hasan, un expsiquiatra del ejército estadounidense que en 2009 disparó a soldados desarmados en una base militar, hiriendo a 32 y causándole la muerte a 13 militares, fue condenado a fusilamiento y este castigo iba a ser televisado. «La gente necesita entender que este tipo de cosas tienen graves consecuencias», dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth a principios de octubre.
El fusilamiento de este militar que se ejecutará el próximo 2 de diciembre será el primero después de la Segunda Guerra Mundial en un país que, paradójicamente, acusa y justifica ataques a otras naciones bajo la excusa de eliminar la violación de los derechos humanos y la crueldad en otros territorios. Sin embargo, su máxima autoridad que reclama merecer el Premio Nobel de la Paz liderando una guerra en Oriente Medio, expresó que “transmitir la ejecución en directo para que todos la vieran podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo presenciara cómo EEUU trata a terroristas y escoria como Hasan».
Un tema muy polémico porque, ciertamente, la acción de Hasan es reprochable cien por ciento, aunque sea bajo la excusa (según su confesión en consejo de guerra en 2013) de proteger a musulmanes y talibanes en Afganistán frente a la invasión militar de EEUU.
No obstante, el argumento del victimario distorsiona la realidad del conflicto de 2009. Si bien las tropas estadounidenses combatían intensamente a la insurgencia talibán para debilitar sus bases de poder, masacrar a sus propios compañeros en Fort Hood se convierte en un acto de agresión injustificable. El expsiquiatra pretendió erigirse como un combatiente defensivo, transformando un conflicto bélico geopolítico en un acto de terrorismo e insubordinación que la justicia militar y la filosofía del derecho condenan categóricamente.
Por todo lo anterior, el acto de Hasan es cuestionable y merece castigo; pero ¿hasta qué punto la acción del fusilamiento después de casi un siglo es una forma de castigo o es una manera de reafirmar ante el mundo lo despiadado que un Gobierno puede ser?
Dilema filosófico
Haciendo un ejercicio en la filosofía del pensamiento, si este tema fuese debatido entre pensadores, seguramente Jeremy Bentham (padre del utilitarismo) y Thomas Hobbes (teórico del orden y el pacto social) apoyarían este castigo, así como difundirlo de forma masiva, pues desde su perspectiva este acto infundiría temor y esto ayudaría tanto a prevenir el terrorismo como a dejar claro que el Estado manda.
El planteamiento también sería apoyado por autores como Hegel (filósofo del derecho y la justicia) y Durkheim (padre de la sociología moderna) quienes afirmarían que un espectáculo así demostraría que las leyes se respetan. Además, dirían que canalizaría el enojo de la sociedad y ayuda a recuperar la calma tras la traición.
En cambio, Immanuel Kant rechazaría televisar la muerte por usar al prisionero como un simple espectáculo para el entretenimiento. Para él, esto destruye la dignidad del ser humano y transforma la justicia en venganza. Esta postura también sería la de Cesare Beccaria quien desde su línea diría que exhibir la ejecución es un acto salvaje. En lugar de educar, vuelve insensible a la población, despierta el morbo y daña los valores de un Estado justo.
La disputa imaginativa de los pensadores se hizo realidad en los tiempos actuales con otros actores. Cuando Hegseth anunció la intención de retransmitir en directo la ejecución por fusilamiento de Hasan el rechazo no tardó en aparecer tanto en congresistas demócratas como en republicanos.
El senador Thom Tillis recalcó que las ejecuciones públicas eran propias de dictaduras opresivas y advirtió que un vídeo masivo serviría de propaganda para reclutar terroristas. Por su parte, el congresista republicano Austin Scott afirmó que “las transmisiones en vivo de ejecuciones son lo que hacen los yihadistas”, dejando entrever la paradoja de combatir el extremismo recurriendo a sus mismos métodos.
Igualmente, el especialista en pena de muerte Michael Radelet señaló que esta sobreexposición generaría un “efecto de brutalización” en la sociedad y contradice los valores mínimos de un sistema democrático. “La persona cometió crímenes atroces; debe ser castigada, pero esto no es para entretenerse”, dijo también el representante de North Bay, Mike Thompson.
¿Un paso atrás por los votos?
Históricamente, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha criticado con dureza las ejecuciones mediáticas de sus adversarios. En su primer mandato, tildó repetidamente de “salvajes” y “monstruosos” los vídeos difundidos por ISIS en los que mostrabas decapitaciones de rehenes occidentales. Denunció el uso de ahorcamientos públicos en Irán para calificar a sus líderes de crueles y antidemocráticos.
Lo cierto es que, aunque el fusilamiento se concretará en diciembre, la fuerte opinión pública al respecto hizo reconsiderar al mandatario estadounidense y dar marcha atrás a la transmisión de la ejecución.
Al anunciar que no se realizaría tal transmisión, Trump expresó que «muchas personas muy buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir», con lo cual demostró que tal acción le ocasionaría un cálculo electoral más que un principio ético a un mes de las elecciones de medio término. La mano dura se promovió para complacer a su base, pero se retiró rápido al medir el costo político internacional.
Aunque cancelaron la señal masiva, se mantuvo el acceso presencial a familiares de las víctimas bajo la idea de que merecen presenciar la justicia. Esto confunde la justicia penal imparcial con la retribución privada.
Más allá del fallido intento de convertir la ejecución en un espectáculo mediático, el caso destapa el desuso de las propias leyes castrenses. Hasan se convertirá en el primer militar ejecutado por el ejército estadounidense desde 1961, una reactivación extrema que se produce paradójicamente mientras la administración apela al reclamo de méritos pacifistas internacionales para legitimar sus intervenciones externas.
Al desempolvar métodos de castigo en desuso bajo el pretexto del rigor patriótico, se vulnera la delgada línea entre la afirmación de la soberanía institucional y la exhibición de la violencia de Estado.
En última instancia, el intento de transformar la justicia penal en propaganda abre un interrogante que cada ciudadano debe juzgar: ¿hasta qué punto un Estado que utiliza el espectáculo punitivo para proyectar fuerza ante el mundo sigue defendiendo el orden moral que afirma proteger, o termina convirtiéndose en el reflejo de la barbarie que busca castigar? Saque usted sus conclusiones.
